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La Junta realizará test de antígenos masivos en San Andrés del Rabanedo, Aranda y Miranda

Los procedimientos y las convocatorias se comunicarán a los alcaldes de los municipios en los próximos días

Test rápido de antígenos de la COVID-19(EUROPA PRESS)

Test rápido de antígenos de la COVID-19

Valladolid

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha anunciado que se está organizado la realización de test masivos de antígenos de segunda generación en los municipios de San Andrés del Rabanedo (León), Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos).

Casado ha señalado que tanto los procedimientos como las convocatorias --que contarán con la colaboración del personal de Protección Civil-- se comunicarán a los alcaldes de sendos municipios en los próximos días.

"Los antígenos de segunda generación pueden detectar a personas asintómaticas, lo cual tiene especial valor en lugares con una elevada prevalencia de la enfermedad", ha indicado la consejera. Por ello, la Junta apuesta por la realización de estos test a gran escala en aquellos lugares donde existe una tasa importante de incidencia acumulada, pero también una disminución de la trazabilidad.

Casado ha señalado que una trazabilidad por encima del 70 u 80 por ciento es "muy buena noticia" pero si esta se encuentra por debajo del 50 "se pierde el vínculo epidemiológico y se dificulta el seguimiento".

En este sentido, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de emergencia que se llevó a cabo con el fin de poder contratar por un lado, la adquisición de 200.000 test de detección por COVID-19 por importe de 900.000 euros, así como la adquisición de 100.000 batas EPI/sanitarias por importe de 290.000 euros.

Por otro lado, se ha notificado la declaración de emergencia que llevó a cabo para contratar el suministro de alojamiento en establecimientos hoteleros de aquellas personas que deban permanecer en cuarentena o aislamiento y que, debido a sus circunstancias personales, familiares, económicas o sociales, así lo determinen los órganos competentes en materia de servicios sociales o sanidad, por importe de 3.000.000 de euros. Estos hoteles, uno por provincia, ya están en servicio a disposición de las autoridades sociosanitarias.

 
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