Sobre la celebración del Carnaval de Día

Tenerife

A pesar de la que nos está cayendo, la obligada suspensión del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sigue siendo cuestionada por algunos fanáticos. Se trata de algo absurdo: mantener la celebración del Carnaval en las actuales condiciones no sólo sería ilegal, sería suicida. Ya fue un despropósito mantenerlo contra viento y calima el año pasado, y ahora no se trata de una de opinión subjetiva, destinada a criticar las decisiones de la entonces alcaldesa y su concejal de seguridad. Se trata de las conclusiones de la investigación que establece que la no cancelación en Santa Cruz de las celebraciones del Carnaval durante la tormenta de arena que sepultó Canarias en Febrero de 2020, explica las diferencias en la incidencia acumulada del Covid-19 en ambas islas.

El informe no entra a valorar la decisión adoptada por el equipo de Patricia Hernández, solo se refiere a lo que esa decisión provocó. Por eso conviene recordar que mantener la fiesta supuso el inicio de la crisis entre la entonces alcaldesa y el concejal Juan Ramón Lazcano, que acabaría provocando la dimisión de este y la posterior moción de censura contra Hernández. En efecto, según se supo por declaraciones de Lazcano, publicadas después de la censura, el concejal se opuso en la Junta Local de Seguridad, a mantener la celebración de los carnavales, aunque no se le hizo ningún caso. El concejal Florentino Guzmán, siguiendo instrucciones de la alcaldía, desoyó los avisos de la Agencia Española de Meteorología y las declaraciones de alerta de la Dirección General de Salud y Emergencias del Gobierno de Canarias y decretó la desactivación del Plan de Emergencias Municipal, dando por concluida la situación de alerta en Santa Cruz.

Tanto el Cabildo de Tenerife como la consejería de Sanidad se desentendieron de esa decisión y recomendaron a los tinerfeños no salir a las calles ni participar en los actos del Carnaval, lo que incluso provocó una algarada política entre la alcaldesa y el presidente del Cabildo, Pedro Martín.

Meses después, tras el disparo de la pandemia, y constatarse la desigual incidencia de la enfermedad en Tenerife y Gran Canaria, una asociación de abogados denunció la autorización para celebrar el Carnaval de día, y pidió a la Justicia que investigara la actuación de Guzmán, alegando que podía haber cometido un delito de prevaricación al suspender la emergencia municipal. El informe que ahora se difunde, a toro pasado, parece haberles dado la razón.