Fiscal sube a 14 años y medio la prisión para el fugitivo de Turieno

Santander

El fiscal ha subido de 13 a 14 años y medio la pena de cárcel solicitada para el 'fugitivo de Turieno', el hombre que en julio de 2018 se atrincheró en su casa e hirió a uno de los guardias civiles que acudieron al lugar alertados por sus familiares, por un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado continuado a agentes de la autoridad, además de tenencia ilícita de armas y daños, que ha reparado por lo que introduce la correspondiente atenuante. El fiscal ha subrayado que existió intención de matar y ha elevado su petición de pena de cárcel de 13 a 14 años y medio, al ampliar el delito de atentado para todos los agentes que actuaron.

Ha sido en la segunda y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria contra Luciano José Simón Gómez, que en el ejercicio de su derecho a la última palabra ha asegurado que "el primer tiro que disparé en mi vida fue ese día", reiterando que "en ningún momento quiso hacer daño a nadie" porque no tiró a dar, como ya aseguró durante el interrogatorio en el que solo contestó a preguntas de su abogado. Por el contrario, la defensa ha rechazado que existiese esa intencionalidad y por lo tanto una tentativa de homicidio como lo ha calificado la Fiscalía, sino que considera que en todo caso se trataría de un delito de lesiones, al tiempo que ha tachado de "auténtica chapuza" la actuación de la Guardia Civil que concluyó con un agente herido en un pie por los perdigones de un cartucho disparado por el acusado.

En este sentido, el acusado, en prisión provisional desde los hechos, ha indicado que "nunca" había tenido un arma y se ha mostrado "siempre totalmente contrario" al uso de las mismas. Ha explicado así que tenía una escopeta en su vivienda de Turieno, perteneciente al municipio lebaniego de Camaleño, por si alguien iba a "robar marihuana", pues como ha reconocido a lo largo de la vista era fumador de cannabis y otras drogas, que había tomado días previos al altercado y que llevaba consumiendo "un montón de años".

En este último alegato con el que el juicio desarrollado en la Sección Primera ha quedado visto para sentencia, el también apodado como 'Rambo de Cantabria' ha comenzado diciendo "estaría hablando aquí tres horas", tras lo cual ha insistido en la magnitud que a sus ojos tuvo del tiroteo que mantuvo con los agentes antes de huir al monte en el que permaneció escondido casi un día completo.

"Aquello fue como la Guerra de Irak", ha manifestado, después de haberlo comparado con el "Apocalipsis". "Entraban ráfagas enteras, de todo un peine de un subfusil", ha afirmado, para indicar que esa munición "pegaba" contra la pared de la vivienda y "rebotaba" en la habitación donde estaba.

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El hombre también ha usado este turno final para censurar las "incongruencias" y "atrocidades" de los agentes que han declarado, que a su entender "no han dicho más que mentiras". En este sentido, cree que "los segundos" desplazados al lugar -la unidad de seguridad ciudadana Usecic y el Grupo de Acción Rápida GAR desplazado desde Logroño, para reforzar las patrullas de Potes y de Cabezón de la Sal- "vinieron a ponerse una medalla" ya que a su juicio hubo una "desorganización total".

La segunda parte del juicio ha continuado con la prueba testifical, en la que ha declarado un amigo del acusado, al que llamó "muy nervioso y asustado" pero "coherente" cuando se iniciaron los hechos, el 17 de julio de 2018, pasadas las ocho de la tarde, para "despedirse, porque pensaba que le iban a matar" durante el tiroteo. "Estaba muy desesperado", ha agregado.

Tras este testimonio, que se suma al de los dos hermanos del procesado y guardias civiles que declararon el primer día, se ha desarrollado la pericial, con los agentes del Laboratorio de Criminalística y del departamento de Balística encargados de la posterior inspección del lugar e informes, y los forenses que examinaron al implicado y al efectivo herido en el pie, poniendo de manifiesto las lesiones por perdigones "múltiples" y secuelas que le impiden seguir en la unidad a la que estaba adscrito, la Ucesic, ya que después de haber sido intervenido quirúrgicamente dos veces aún tiene restos de munición sin extraer.

Del 'fugitivo', la experta encargada del análisis -a través de una muestra del cabello- concluyó que era consumidor habitual de drogas en "bajas dosis", aunque en el momento de la exploración, días después de lo ocurrido, no presentaba síntomas. Y tampoco apreció problemas psiquiátricos en la "escueta entrevista" que le hizo.

Y sobre los hechos relatados, que fueron algo "prolongado en el tiempo" y que requirieron "cierta planificación", la forense ha dicho que "no encuadrarían muy bien en un ataque de ira", que es algo "limitado en el tiempo". De igual modo, no lo ve compatible con tener mermada la capacidad volitiva o de control de impulsos.

A este respecto, han señalado que los efectos del alcohol -había tomado "tres botellas" de wiskhy en la noche del sábado al domingo anterior a los hechos- tardan entre "12 y 18 horas" en desaparecer, lo mismo que "otras sustancias", del orden de 12-16 horas.

Los efectivos de la Benemérita encargados de la inspección, análisis de muestras e informe situaron los cartuchos y sus impactos a distancias de hasta casi 12 metros y más de 37 de la vivienda, y han cifrado en 21 los disparados y han subrayado que "la mayor parte" de los perdigones estaban "deformados". Por otra parte, han indicado que "a pesar de la gran cantidad de disparos en la ventana" de la habitación donde estaba el acusado, hallaron "dentro solo dos impactos de bala".

De esa ventana, han indicado que medía poco más de 30 centímetros por cada lado, y han apuntado que para disparar con una escopeta -de "doble cañón" en este caso y que nunca apareció ni el procesado reveló qué hizo con ella- "no hace falta sacar el cuerpo", mientras que "la cabeza entra" por ese hueco.

"QUERÍA MATAR A UN AGENTE"

Finalizadas las pruebas testifical y pericial, y reproducida la documental, en el turno de informes y conclusiones finales, el representante del Ministerio Público ha modificado las suyas, como avanzó en el arranque de la vista, con cambios en calificaciones jurídicas que, en la práctica y en términos globales, conllevan un aumento de la pena de prisión, que sube de 13 a 14 años y medio de prisión.

La mayor parte, 9 años, se corresponden con el delito de homicidio en grado de tentativa, pues Luciano José Simón "quería matar a uno de los agentes", según el fiscal, para quien hubo "intencionalidad" en vez de "un mal despertar", como ha alegó el acusado, que estaba en la cama cuando se desencadenó todo y quería que sus familiares, preocupados por su estado tras el consumo de drogas, le dejasen "descansar".

Una segunda acusación, ejercida por el abogado del Estado, se ha centrado en el delito continuado de atentado a agentes de la autoridad, contra todos los que participaron en el dispositivo, no solo el herido. La acusación particular, ejercida por este último guardia herido, le imputa homicidio en grado de tentativa y atentado a agente de la autoridad, por los que pide 13 años de prisión.

La defensa interesa la absolución o en su defecto que la condena sea por lesiones, "nunca homicidio", pues "disparaba a ciegas, no era consciente de lo que hacía y nunca tuvo ánimo de matar". Para este abogado y su cliente la actuación de la Benemérita fue "una chapuza" desde el principio, cuando los dos agentes que llegaron "salieron por patas".