La Asamblea Regional convalida el decreto ley para luchar contra la okupación de viviendas
Los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox han pedido que se tramite como proyecto de ley para que se le puedan hacer aportaciones en la cámara regional
Imagen del pleno de la Asamblea Regional durante el debate del decreto ley contra la ocupación de viviendas / Foto. Asamblea Regional
Murcia
Los votos a favor de PP y Ciudadanos en la Asamblea Regional han permitido convalidad el decreto ley aprobado el pasado 8 de octubre en Consejo de Gobierno para luchar contra el fenómeno de la ocupación de viviendas en la Región de Murcia.
Así, la administración regional transforma la Ley de Vivienda en la 'Ley de Vivienda y Ocupación de la Región de Murcia', con el fin de acabar con esta práctica ilegal cuya tendencia en alza tiene su origen en la constitución de organizaciones criminales especializadas en este delito.
El consejero de Fomento ha dicho que en los seis primeros meses del año se ha registrado un incremento del 20 % en la ocupación de viviendas de la Región.
Asegura que en la Región hay 1.078 viviendas ocupadas en nuestra comunidad autónoma y asegura que este fenómeno está protagonizado por organizaciones delictivas.
Díez de Revenga ha añadido que la ocupación de viviendas viene asociada a otras actividades relacionadas con la delincuencia.
La diputada socialista, Consagración Martínez, ha acusado al PP de trabajar en esta norma con un "mensaje populista" con el único objetivo de quitar votos a Vox.
Le ha advertido de que este decreto podría ser inconstitucional.
Desde Vox, Juan José Liarte ha defendido la puesta en marcha de medidas legislativas para acabar con este tipo de delito, pero considera que la norma propuesta en la Región no contempla medidas efectivas.
María Marín, de Podemos, ha rechazado el texto y ha criticado el procedimiento sancionador de hasta 90.000 euros que establece. Ha rechazado hablar de la ocupación porque considera que hay que hablar del problema real de la vivienda en la Región.
Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez asegura que el decreto afronta el centro del problema de la ocupación de viviendas.
El diputado del PP, Víctor Martínez Carrasco ha destacado que este decreto es necesario y ha resaltado que la de Murcia es la primera región en dar este paso.
Los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox han votado a favor de que este decreto se tramite como proyecto de ley.
La nueva norma establece instrumentos para recopilar datos, y así evaluar el alcance y la evolución de la ocupación ilegal de viviendas, como la creación de un canal de denuncias que proteja la identidad de los denunciantes. También refuerza la cooperación entre administraciones para luchar contra esta práctica ilegal, y obliga a los ayuntamientos a notificar los casos que se detecten en sus municipios a través de la Policía Local y los Servicios Sociales.
Asimismo, propone mecanismos para impedir la transmisión o cesión fraudulenta de una vivienda ocupada ilegalmente, como que las empresas de servicios y suministros deben asegurarse de que los solicitantes de un servicio son los legítimos ocupantes del mismo y comuniquen los casos de ocupación de los que tengan constancia.
La comunidad autónoma también establece un procedimiento sancionador específico para evitar la ocupación en el parque regional de viviendas sociales, que establece como infracción muy grave, con multas que pueden ir desde los 15.000 a los 90.000 euros. Asimismo, se considera como infracción grave la incitación a la ocupación ilegal de este tipo de viviendas, con sanciones de 3.001 a 15.000 euros. Además, la nueva norma ordena que no podrá optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región quien haya sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años.
Juanjo Asensio
Matinal Hoy por hoy en la Región de Murcia.
