Santiago Bello: "Es inaudito tener que demostrar que una familia necesita alimentos frescos"

Aranda de Duero

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos y a su vez catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Bello, lo tiene claro: el cúmulo de flujos económicos y sociales que existe entre Burgos y su Alfoz o Aranda y su comarca no hay bisturí jurídico que lo separe. Una gráfica metáfora para explicar por qué es imposible y en cualquier caso fuera de toda lógica impedir la movilidad de los habitantes de las zonas colindantes de los municipios confinados para el abastecimiento de bienes y servicios necesarios en la vida diaria.

Bello ha mostrado su perplejidad por la restrictiva interpretación que hacen tanto la Delegación de la Junta en Burgos como la Subdelegación del Gobierno en Burgos de las prohibiciones de entradas y salidas que incluyen las ordenes de confinamiento de Burgos y Aranda, hasta el punto de obligar a justificar que la compra que se pretende hacer es de necesidad perentoria. Y es que considera que hay derechos fundamentales que se están viendo vulnerados al no incluir las compras de productos para la vida diaria una causa justificada para entrar y salir de las localidades aisladadas. “Me parece inaudito que una familia tenga que justificar que necesita comer alguna clase de producto fresco durante los quince días que dura el confinamiento” ha asegurado en su parrticipación en Hoy por Hoy Aranda. “Estamos hablando de poner en riego la satisfacción de necesidades diarias como la alimentación. ¿Quién acredita que no tengo carne o pescado para comer en mi casa ¿Un nutricionista, un notario? ¿La comida para el perro también es necesario o lo soltamos por la urbanización? Esto genera una enorme inseguridad jurídica en la población” ha explicado.

Desde su campo de estudio, el Derecho Administrativo, Bello ha recordado que estas restricciones están reguladas por una orden administrativa, que entra en contradicción con otras normativas que tienen rango de ley, como el profesor considera que ocurre en este caso, y que por tanto prevalecen jurídicamente. Como ejemplo ha puesto el Real Decreto “En el Estado de Alarma aprobado por Real Decreto se permitía a las personas del alfoz de Burgos ir a la capital a los establecimientos mercantiles acudir a otro municipio a hacer las compras. Y tiene rango de ley. Y sin embargo a través de un acto administrativo, interpretado por un órgano que ni siquiera es quien lo emite, se nos dice que no podemos acudir a comprar y que tenemos que acreditar las necesidades alimentacias de una unidad familiar. Se me saltan los resortes jurídicos” ha manifestado con perplejidad.

Pero además también advierte de que la administración que ha ordenado las medidas de confinamiento lo ha hecho sin tener en absoluto encuenta la realidad a la que aplica la norma. Y ha ilustrado la teoría jurídica con su propio testimonio: “Nos dicen que el motivo de esta normativa es que no quieren que nos mezclemos. Pues bien, yo vivo en el alfoz de Burgos. Esta mañana he llevado a mis dos hijas al colegio a Burgos, yo he venido a la facultad, he dado clase a mis alumnos, he trabajado con mis compañero y esta tarde lo volveré a hacer ¿cómo no vamos a mezclarnos?” ha indicado para explicar que es imposible una restricción drástica de la movilidad entre Burgos y su alfoz o Aranda y su comarca. “Da la sensación de que las autoridades no saben lo que es una ‘conurbación urbana’, una unidad sin límite geográico entre la ciudad y los pueblos de su alrededor.”

El decano de la facultad burgalesesa de Derecho ha sido muy crítico con la normativa emitida por la Junta. En primer lugar por su escasa precisión jurídica, y en segundo lugar por no haer valorado su impacto no solo en sus municipios sino en los entornos con los que tienen especial vinculación, como es el caso de Aranda y Burgos, con una intensa relación social y comercial.

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Bello también ha mostrado su preocupación por el negativo impacto económico para las localidades confinadas. “Nos obligan a los ciudadanos de Bugos a irnos a Logroño o a Vitoria, desplazando nuestra consumo a La Rioja o al País Vasco y no está Castilla y León para perder activdad económica. Nadie se refiere a este impacto. Y a mí me preocupa, porque soy funcionario público y vivo de los impuestos. Sin actividad económica, no hay impuestos.”

Bello no descarta que la orden y su restrictiva interpretación llegue a los tribunales, que serán, entonces, quienes tengan la última palabra.