Reproche judicial al alcalde de Zamora
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso falla a favor del interventor municipal y recrimina el intervencionismo de la Alcaldía
Foto de un pleno del Ayuntamiento de Zamora / Cadena SER
Zamora
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora declara nulo un decreto de la Alcaldía de Zamora y obliga a llevar de nuevo al pleno el plan anual de control financiero del pasado año 2019, tras un recurso del interventor municipal, al que la alcaldía pidió que corrigiera ese plan antes de elevarlo al pleno el pasado año.
Una cuestión administrativa y técnica, en la que la juzgadora incluye un duro reproche a la acción de la Alcaldía de Zamora.
La sentencia (una más en el enfrentamiento abierto entre el interventor del Ayuntamiento de Zamora, Javier López, y el equipo de gobierno que encabeza Francisco Guarido) se ciñe, en esencia, a la cuestión de competencias y la labor fiscalizadora independiente atribuida al interventor municipal.
En su fundamentación, la juzgadora reprocha al ayuntamiento que plantee la cuestión como un mero trámite en el que el alcalde pide al interventor que subsane el plan anual de control financiero 2019 para su inclusión en el orden del día del Pleno.
La magistrada de lo Contencioso de Zamora espeta al alcalde, literalmente, que “una cosa es que el alcalde tenga la facultad de controlar y fijar el orden del día del Pleno, y otra cosa muy diferente es que la documentación que se remite por el interventor deba revestir la forma y contenido que quiere el alcalde”.
Y añade que la situación de superior jerárquico del alcalde en ningún caso supone un poder tal, ante el que el interventor no pueda cuestionar esas órdenes: “entenderlo de otra manera”, asevera la magistrada, “supondría una especie de poder omnímodo del alcalde que no se desprende de ningún precepto legal”.
La juzgadora establece que el ayuntamiento se entrometió en actuaciones de control financiero que pertenecen a la Intervención municipal, bajo el principio de autonomía funcional, fallando la anulación del Decreto de Alcaldía recurrido por el interventor, y ordenando que se proceda a tramitar el plan anual de control financiero de 2019 conforme a la normativa legal, llevándolo al Pleno.
Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.
