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Caso Carioca

García Adán acepta un año de prision por inducir a abortar a una joven colombiana que trabajaba en el Queens

Fotografia durante el juicio de José Manuel García Adán / Cadena SER

Fotografia durante el juicio de José Manuel García Adán

Lugo

El principal actor de la operación Carioca, una investigación sobre redes de prostitución en Lugo, el proxeneta José Manuel García Adán ha aceptado un año de prisión por inducir a abortar a una joven colombiana que trabajaba ejerciendo la prostitución en el Queen's, epicentro de dicha red.

Finalmente se alcanzó un acuerdo entre las partes, en principio se le pedían más de cuatro años y medio, al igual que al ginecólogo que practicó el aborto y que éste último ha visto reducida la condena hasta tres meses de prisión a razón de una cuota de seis euros diarios (540 euros) y otros tantos meses en que no podrá ejercer como médico.

Los hechos juzgados, en la Audiencia Provincial, se remontan al 2009 cuando la joven que contaba con tan solo 18 años queda embarazada de un empresario, al cual exculpó la Audiencia de Lugo en diciembre de 2018, y se la invita y se la "presiona" para que aborte por Adán bajo la amenaza de "perder" su trabajo en el Queen's y para ello se contacta con el ginecólogo que finalmente en su clínica, para la que "no tenía permiso", en Juan Montes le realiza el aborto.

Angie, como era conocida la mujer en estos ambientes, fallecía el pasado año de un tumor cerebral, ejerciendo la madre de esta que vive en Suiza la acusación particular.

El abogado de la acusación, Curro Torrijos, no ocultaba que estaban "satisfechos" con el acuerdo por el que se condena a "ambos" por el delito de aborto. "Tanto la familia como yo estamos satisfechos", soltaba.

Torrijos se ha afanado en puntualizar que se trata de "un delito de aborto y ambos los dos son condenados por un delito de aborto, y en absoluto consentido". "De la lectura de los hechos probados queda claro que la intención de mi representada era tener al niño", zanjaba.

En tanto la abogada del ginecólogo, Iliana de la Cal, no tenía tan claro que no fuera consentido el aborto que se produjo al mes de la gestación. "Se le ha condenado por el artículo 145 bis, que significa que se le practica un aborto consentido por la víctima y la pena que lleva aparejada es simplemente una pena de multa y lo dice el código penal cuando se practica en un establecimiento sin la licencia administrativa", ha subrayado.

La letrada se quejaba que "llevamos padeciendo este procedimiento diez años, con la jueza Pilar de Lara, y este señor (por su patrocinado) fue privado de libertad, que ha estado en la cárcel en Bonxe acusado de un delito de aborto porque la jueza instructora consideraba que era no consentido y al final se ha demostrado que mi cliente no tenía conocimiento alguno de unas posibles presiones que pudiera haber habido por parte de García Adán".

Tras las quejas y al respecto de emprender acciones judiciales contra Pilar de Lara, Iliana de la Cal replicaba que esto era algo que tenía que hablar con su cliente, dejando caer que dependía "de él", que llegó a permanecer un mes en prisión provisional. "Evidentemente hay muchas más acciones, no solo la acción penal y lo estudiaremos", puntualizaba.

Tanto Adán como el ginecólogo indemnizarán a la madre de la mujer en cuatro mil euros, mil el primero y tres mil el médico.

CASO CARIOCA

Va para doce años desde que se abriera la operación Carioca, con conexiones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y algunos de sus miembros que siguen imputados. Después de un carrusel de operaciones contra esta supuesta red de prostitución muchas de las piezas han sido archivadas por la audiencia, convirtiéndose este en el primer juicio luego de tantos años que han servido para rebajar las peticiones finales.

García Adán que cumple condena por maltrato a la que fuera su pareja en una cárcel de León, a la llegada al tribunal se limitaba a repetir que se encontraba "bien, bien". "Todo bien", contestaba cuando encaraba la entrada y luego del traslado hasta la audiencia en un furgón de la Guardia Civil y su posterior custodia por la policía nacional. Ya en el interior de la sala asumía el acuerdo por el que se le condena a un año de cárcel.

 
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