Díaz Alperi niega haber favorecido "de ninguna manera" a Ortiz, y él que los dos exalcaldes le "apañaran nada"

Alicante

En la Audiencia Provincial se ha retomado este miércoles el juicio iniciado en junio, contra los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, por su supuesta participación en el amaño del Plan General de Urbanismo de la ciudad entre 2008 y 2010 a favor de otro de los acusados, el constructor Enrique Ortiz.

Ortiz ha insistido en que "nadie" le "apañó nada" y que todo lo que conocía era en calidad de "agente urbanizador". Y Díaz Alperi, por su parte, ha rechazado haber favorecido "de ninguna manera" al empresario.

Los tres, Castedo, Díaz Alperi y Ortiz son los principales encausados en esta rama del caso Brugal, en la que también se sientan en el banquillo de los acusados con un jurado popular otras seis personas ligadas a ellos.

Ortiz, el primero en llegar, ha sido también el primero en declarar, sin hacer uso de la mascarilla contra la COVID-19, por cierto. Cinco minutos antes de las diez llegaba Díaz Alperi que, como luego Castedo, al filo ya de las diez, ha rehusado hacer declaraciones a los periodistas. El empresario ha reconocido que tanto Díaz Alperi como Castedo, comieron en su casa y le visitaron en distintas ocasiones, "como muchos alcaldes", ha dicho; "nada fuera de lo normal", porque era el concesionario de múltiples contratas en la ciudad, y ha señalado que tenía "muy buena relación" con Díaz Alperi y que a Castedo la conocía de antes de ser alcaldesa, por ser amigo del marido de ésta, Arturo Soto.

A las numerosas preguntas sobre el presunto amaño del Plan General, el constructor ha insistido en que "nadie" le "apañó nada", que detrás de la adquisición del Rico Pérez "no había ninguna operación especulativa" y que ni Castedo, ni Díaz Alperi ni ningún técnico le facilitaron nunca parte alguna, ni planos "ni fichas" del Plan General mientras se estaba tramitando.

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Alega que cuando en las conversaciones grabadas se recoge la famosa frase a Castedo "píntalo de azul", supuestamente para recalificar algunas parcelas, se refería a unas fincas colindantes a Rabasa, que pedía que entrasen en el plan, pero "como agente urbanizador".

Ortiz también ha sido cuestionado por algunas de la supuestas prebendas, como el vehículo Mini Cooper, que supuestamente regaló a Julia Castelló, amiga de Castedo, en agradecimiento a la supuesta información que la exalcaldesa le habría facilitado sobre el futuro planeamiento. Afirma que no fue ningún regalo y que por el coche pidió entre 5.000 y 6.000 euros que le pagaron "en tres o cuatro plazos".

Y en cuanto a los viajes pagados a Díaz Alperi, como el famoso vuelo a Creta, asegura que él no abonó "nada de nada de nada" y que solo hizo la gestión con su amigo Vicente Cotino para que no le cobrase un precio desorbitado. Tampoco le abonó en el Rico Pérez un palco a Díaz Alperi, por la sencilla razón de que "no hay palcos en el estadio", ha dicho.

Más breve, en menos de cinco minutos, el exalcalde Díaz Alperi, que solo ha respondido a las preguntas de su propio abogado, ha negado tanto haber recibido dinero o dádivas por parte de Ortiz, como haber influido o intermediado para favorecerle con el Plan General.

Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi tras acusarles a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta a Ortiz pide 8 años por supuesto tráfico de influencias y cohecho.

Además de Sonia Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, la causa se sigue contra los abogados socios del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. Los tres declararán este jueves 24.

En cuanto al promotor ilicitano Ramón Salvador, se ha ratificado hoy en lo que declaró en su día, asumiendo con tres meses de prisión y multa su culpabilidad en la recalificación de unos terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau. También están encausadas tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz en el momento de los hechos: Virgilio Ortiz, hermano del constructor, que no ha querido declarar, Pablo Rico, que lo hará mañana y Santiago Bernáldez, empleado de Ortiz, quien ha negado haber realizado gestiones bancarias para éste en aquellos años.

El turno de los testigos, por su parte, se ha adelantado al próximo 25 de septiembre, cuando está prevista la comparecencia de los arquitectos urbanistas que participaron en la redacción del PGOU en sus distintas fases, Luis Cantallops y Jesús Quesada. En esa fecha, también se prevé que declaren varios técnicos de la concejalía de Urbanismo.