La Junta espera que el Congreso haga suya su ley contra la ocupación
Una proposición de ley que endurece las penas, permite desalojos express y da más herramientas a ayuntamientos y comunidades de vecinos para denunciar este delito
La proposición de ley impone límites a los okupas para empadronarse. / Europa Press
Toledo
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento, en la reunión que ha mantenido este martes, de la proposición de ley que el PSOE ha presentado en las Cortes para combatir contra la ocupación ilegal de viviendas, y ha confiado en que pueda salir por unanimidad del parlamento autonómico para que llegue al Ejecutivo central demostrando "unidad" en la región.
El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha desgranado en rueda de prensa la proposición de ley que este lunes ha registrado el grupo socialista en las Cortes y ha explicado que, tras la aprobación en el parlamento autonómico, será este poder legislativo quien presente el texto al Gobierno central, para que lo asuma como propio y pueda ser tramitado como un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, toda vez que las comunidades autónomas no tienen competencia en estos temas.
Sin embargo, Hernando ha resaltado que las autonomías sí tienen capacidad para proponer proyectos y proposiciones de ley nacionales y por ello, ha subrayado que el planteamiento del Ejecutivo castellanomanchego es que "por una cuestión de lealtad" y porque además es lo "más razonable", se presente como un proyecto de ley al Gobierno central, donde ha confiado en que se pueda establecer "un diálogo fructífero" no solo con el ministro competente en la materia, José Luis Ábalos, sino también por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
El texto tiene como objetivo acabar con la sensación de impunidad que rodea al okupa y su entorno y propone endurecer las condenas aumentando la pena privativa de libertad hasta tres años (en caso de uso de violencia o intimidación) y multa de hasta doce meses (en caso de ocupación pacífica no consentida).
También se propone que el plazo de prescripción del delito se eleve de uno a cinco años pues el actual plazo de prescripción de un año conlleva en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo. La proposición contempla, además, juicios rápidos para las ocupaciones y que la Policía pueda presentar denuncia al juzgado con el atestado de la ocupación para que en 48 horas los juzgados acuerden el desalojo.
Otro aspecto importante de la proposición de ley es que las comunidades de propietarios y los ayuntamientos quedarán legitimados para poder denunciar las ocupaciones. Además, se modificarán las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los okupas.
