El Gobierno regional dará preferencia para adquirir vivienda pública en San Fernando a 8 familias damnificadas
El Gobierno regional dará preferencia para adquirir vivienda pública en San Fernando a 8 familias damnificadas / PP Lorca
Lorca
El Gobierno regional venderá en condiciones preferentes viviendas en el nuevo barrio de San Fernando a las ocho familias que alegan “derecho moral” a residir en esta barriada, reconstruida tras los terremotos de 2011, pese a no poder acreditar la propiedad de los pisos en los que vivían cuando ocurrieron los seísmos.
Lo ha confirmado este lunes el portavoz del PP, Fulgencio Gil, que ha señalado que la consejería de Fomento e Infraestructuras ha sido sensible a la petición de su grupo municipal, que resuelve las reclamaciones de estas familias que se quedaron sin hogar tras los seísmos.
Gil ha dicho que, ante la “inoperancia, la inactividad y el abandono” del ayuntamiento a estas familias, el PP solicitó antes del verano al consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que ocho de las 18 viviendas de propiedad autonómica en el nuevo barrio de San Fernando fueran adjudicadas a estos antiguos vecinos.
Díez de Revenga “recogió el guante y el procedimiento ya está en marcha”, ha afirmado Gil, que ha señalado que la comunidad ya ha requerido al ayuntamiento que le remita los “expedientes sociales” de estas ocho familias para poder iniciar el procedimiento de adjudicación directa de los pisos.
Las casas “no se les van a regalar, sino que se les permitirá acceder a la adquisición de estas viviendas en las condiciones más favorables posibles y teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad social”, ha dicho el concejal del PP.
De este modo, no tendrán que someterse al concurso para la adjudicación de los 59 pisos de propiedad municipal que saldrán a la venta en los próximos meses como vivienda protegida.
Gil ha dicho que ha sido su partido el que ha tenido que resolver el problema y ha adelantado que antes de final de año la tramitación podría estar resuelta para la adjudicación de los pisos a estas familias.
Se trata de ocho familias sin escrituras de propiedad que durante más de 30 años vivieron en el barrio de San Fernando, hasta que tuvieron que ser desalojados para el derribo de los pisos tras los seísmos del año 2011.
Este grupo de familias no ha conseguido acreditar que eran propietarios de los pisos en los que vivían, aunque sí está documentado que ese fue su lugar de residencia entre 1979 y 2011.
Muchos de ellos solo pueden demostrar que han vivido en los pisos aportando contratos de agua, luz o los pagos de las cuotas de la comunidad, pero no tienen documentos que atestigüen la propiedad de las viviendas originales del barrio.
San Fernando fue construido por las administraciones para realojar a las familias que quedaron sin hogar tras la riada de 1973 y el proceso de regularización de esas propiedades se inició en la mayoría de los casos décadas después, aunque en el caso de estas ocho familias nunca se cumplimentó.
El PP solicitó en un pleno en octubre de 2019 que se reconociera su “derecho moral” a obtener ocho de los 59 pisos de propiedad municipal en la barriada y el pasado mes de junio los vecinos amenazaron con encerrarse en la casa consistorial.
Entonces, el ayuntamiento anunció que el pliego de condiciones para poner a la venta como viviendas protegidas los pisos de propiedad municipal incluiría los mecanismos para implantar un cupo especial que permitiera atender las necesidades de esas ocho familias.
