La Fiscalía pone en duda el compromiso de la Diputación de Álava en la persecución de los delitos fiscales

Vitoria

"En lo que hace referencia a los delitos de elusión tributaria, hay que seguir refiriendo que el número de comunicaciones por parte de la Hacienda foral sigue siendo inexistente". Así de contundente arranca la memoria de la Fiscalía de Álava de 2019 en el apartado dedicado al fraude fiscal. En otro renglón de esa memoria, la Fiscalía habla de "escasos expedientes remitidos por la Hacienda Foral de Álava" sobre presuntos delitos fiscales. La Fiscalía no ofrece cifras concretas pero, en lineas generales, dice que la colaboración de la Diputación de Álava para perseguir los delitos fiscales es insuficiente. 

La Fiscalía explica que no ha recibido ninguna explicación de la Diputación sobre esta actitud. "Parece poco probable que en todos los años en que hemos referido esta ausencia no haya habido en Hacienda Foral expediente alguno con una cuota superior a los 120.000 euros", dice la memoria.

Y es que en esa cifra, en la de los 120.000 euros, está una de las claves. Es a partir de los 120.000 euros de fraude fiscal cuando el caso pasa de ser castigado con una multa de Hacienda a ser investigado por un delito fiscal que puede acarrear de 1 a 5 años de prisión. El último dato hecho público sobre fraude fiscal en Álava es de 2018: afloraron 133 millones de euros de fraude fiscal, la cifra más alta de los 4 años anteriores. 

Fuentes de la Hacienda alavesa rechazan estas apreciaciones y han explicado a la SER que en los últimos años la Diputación ha colaborado con la Fiscalía y los juzgados en varios casos. Según la Diputación en 2019 colaboró en un expediente con la Fiscalía; en 2018 "se trabajaron 4 expedientes con la Fiscalía"; en 2017 se detectó el posible fraude de 2,7 millones de euros y se colaboró con los juzgados en otros 5 expedientes. En 2016, "se judicializaron 7 expedientes por los que se detectaron 8 millones". 

La Diputación defiende que "ha habido algún expediente que se ha llevado a Fiscalía y no se ha tramitado porque la propia Fiscalía no lo ha considerado constitutivo de delito".

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La Fiscalia pide un mayor control

Para la Fiscalía, sin embargo, la escasez de expedientes apunta a lo siguiente: "Nos tememos que dicha omisión pueda venir dada por la excusa absolutoria del párrafo cuarto del artículo 305 del Código Penal". Ese artículo permite al defraudador evitar consecuencias penales si 'regulariza' su situación tributaria antes de que Hacienda le haya notificado oficialmente que va a iniciar actuaciones contra él.

La Fiscalía cree que esta vía, que fue introducida "con una finalidad que parece primar la recaudación sobre la prevención", supone "un peligroso sistema que condiciona la intervención del sistema punitivo a desconocidos criterios manejados por la Hacienda Pública". "Entendemos que esto no es admisible en un Estado de Derecho y que sería más adecuado al principio de igualdad y seguridad jurídica que se aumentase el nivel de la cuota que da lugar a la comisión del delito, sometiendo estos casos, necesariamente, al orden penal", concluye.

La Fiscalía apunta a la Diputación de Álava: "El examen de los escasos expedientes remitidos por Hacienda Foral de Álava en los últimos años, pone de manifiesto la inexistencia de un criterio identificable para la remisión de expedientes a Fiscalía". Esos criterios, sostiene el Ministerio Público, deberían ser públicos y, en todo caso, tendría que existir "algún tipo de cauce de información y control por parte de la Fiscalía para conocer la existencia de los expedientes con cuotas superiores a 120.000 euros" y los motivos por los que la Diputación no los remite a los juzgados.

La Diputación ha explicado que "si la Fiscalía entiende que se puede estrechar aún más la relación, la Hacienda Foral alavesa es la primera interesada en que así sea". "Mostramos nuestra disposición a abordar con la propia Fiscalía este y los temas que considere", afirman desde la Hacienda alavesa.