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Denunciada por llevar un documento falso para no usar mascarilla

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado el uso del certificado descargado en Internet que podría sancionarse con 3 años de prisión

Vigilancia con drones en Las Alcaravaneras / Policia Local LPGC

Vigilancia con drones en Las Alcaravaneras

Las Palmas de Gran Canaria

 La picaresca para no llevar mascarilla y justificarlo ante los agentes de seguridad puede llevarle a una mujer a ser castigada hasta 3 años de cárcel: la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias penales a una mujer por mostrar un certificado médico falso para no llevar la mascarilla.

 Los hechos ocurrieron a mediodía del sábado pasado en el paseo  de la playa de Las Alcaravaneras, donde se había establecido un dispositivo de vigilancia mediante drones para controlar las medidas sanitarias de protección contra la COVID-19. La mujer, de 26 años, fue detectada a través del dron mientras paseaba junto a su hija menor de edad sin que ninguna de ellas hiciera uso de la mascarilla.

La mujer sacó entonces una mascarilla de su mochila para dársela a la menor,  y dijo a los agentes que ella no iba a ponerse la mascarilla porque padecía un problema respiratorio, sacando de la mochila un certificado médico que lo justificaba.

Los policías comprobaron que el documento tenía signos que les hicieron dudar acerca de su originalidad, ya que contenía todos los datos colegiales del médico que lo expedía, pero sin embargo su firma y el sello sanitario se encontraban fotocopiados.

Las averiguaciones realizadas posteriormente por la Policía Local sirvieron para comprobar que se trataba de un documento que ha sido subido a internet y se encuentra firmado y sellado por un médico que cualquier persona puede descargar e introducir sus datos otorgándole una oficialidad aparente.

La Policía Local no solo ha cursado la denuncia administrativa contra la mujer por circular por la vía pública sin hacer uso de la mascarilla, sino que ha abierto diligencias penales por un presunto delito de falsedad documental por el que podría enfrentar hasta tres años de prisión.

 
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