El Concello renuncia a pedir responsabilidades a políticos o funcionarios por el Conde de Fenosa
Estudia iniciar acciones contra los arquitectos de Fadesa
El BNG, contra la falta de responsabilidades ante una actuación "manifiestamente ilegal"
Entrevista a Juan Díaz Villoslada, concejal de urbanismo, movilidad e infraestructuras (07/09/2020)
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A Coruña
El Ayuntamiento de A Coruña considera que no se pueden exigir responsabilidades a ningún político o funcionario por la construcción irregular del edificio Conde de Fenosa. Ha decretado el archivo de la investigación administrativa que podría conllevar responsabilidades penales y patrimoniales en una resolución a la que ha tenido acceso Radio Coruña Cadena SER.
El proceso, que pudo llevar a la quiebra a las arcas municipales a consecuencia de las posibles indemnizaciones requeridas, arrancó con el gobierno de Francisco Vázquez que concedió una licencia considerada ilegal por los tribunales en sucesivas sentencias hasta llegar al Tribunal Supremo que llegó a exigir el derribo del inmueble. Finalmente se produjo un acuerdo de mediación que evitó la demolición y las compensaciones asociadas aceptado por el Tribunal Superior.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, ha explicado que la Marea Atlántica emitió un informe fechado el 22 de mayo de 2019, unos días antes de las elecciones municipales, en el que solamente se señalaba como posibles implicados a dos arquitectos municipales y se eximía de responsabilidad a los cargos políticos. El procedimiento iniciado por este gobierno recogía solamente pues la imputación a los funcionarios. A juicio de los instructores no incurrieron en una culpa grave, sino en un error administrativo. Villoslada señala que el dictamen de la Marea ha condicionado la búsqueda de culpables.
En el dictamen de la Marea, que obra en poder de esta redacción, se menciona como responsables a los arquitectos de Fadesa Antonio de la Morena y Joaquín Sanjuan. Según ha podido saber Radio Coruña Cadena SER el Concello está estudiando con la asesoría jurídica las acciones a acometer contra ellos en una pieza separada de esta actuación.
El acuerdo de mediación que puso fin al contencioso en los tricunales supuso pagar 2,9 millones de euros al denunciante y el reconocimiento del pago de 9.000 a 12.000 euros para cada propietario si renunciaba a acudir a la justicia para pedir indemnizaciones mayores. Una posible demolición del edificio hubiera conllevado el pago de compensaciones de unos 50 millones de euros por parte del Concello que habrían provocado la quiebra de las arcas municipales.
La búsqueda de responsabilidades es fruto de ese mismo acuerdo y está recogida por la legislación que señala que siempre que sea necesario pagar una indemnización con recursos de las arcas públicas se deberá investigar si hubo alguna decisión de políticos o funcionarios que provocara ese perjuicio.
El dictamen tiene fecha 6 de agosto y se produjo tras aceptar las alegaciones de los dos funcionarios afectados. Mención a parte merecen sus razones. Uno de ellos llega a acusar al gobierno municipal de falta de prudencia al no suspender el inicio de las obras cuando tuvo conocimiento de la existencia de una denuncia que exigía la anulación de la licencia.
Cuando se construyó el edificio Conde de Fenosa era Alcalde Francisco Vázquez. Su nombre no aparece en el informe realizado por el gobierno de la Marea Atlántica en la depuración de responsabilidades. Sólo se menciona a Salvador Fernández Moreda, concejal de urbanismo, señalando que no figura su nombre, sólo su cargo, en el momento de autorizar la licencia.
El BNG contra la falta de responsabilidades ante una actuación "manifiestamente ilegal"
El BNG lamenta que una actuación manifiestamente ilegal que ocasionó un grave quebranto económico al Ayuntamiento se salde sin ninguna persona responsable.
La concejala Avia Veira espera que el carpetazo de este asunto, junto a la operación de As Percebeiras, no indique la intención del Gobierno Local de retornar a una política urbanística del pasado.
Los nacionalistas consideran que el concello se ha limitado a cubrir el expediente y no ha procurado la depuración de responsabilidades reales contra los gestores municipales en esos momentos.
