La ley madrileña de Salud Pública espera en un cajón desde hace más de año y medio

Madrid

Cuando termina una legislatura las iniciativas que se están tramitando en la cámara legislativa de turno decaen. Meses de trabajo que quedan a expensas de que el nuevo gobierno que surja de las urnas decida qué hace con ellas: si las recupera; o, si bien, las deja durmiendo el sueño de los justos, como leyes nonatas. Es lo que le ha ocurrido al Proyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno, entonces presidido por Ángel Garrido, aprobó el texto el 19 de febrero de 2019 y lo envió a la Asamblea, pero con escaso margen para que viera la luz -poco más de un mes- porque el 1 de abril se disolvió la Cámara para convocar nuevas elecciones autonómicas.

La consecuencia es que Madrid es una de las siete Comunidades Autónomas que no cuenta con una ley específica sobre esta materia. Es decir, que no ha desplegado algunas de las herramientas que permite la legislación nacional para gestionar alertas sanitarias, como esta pandemia de COVID-19. El texto madrileño reconocía la "prevalencia del interés regional" ante situaciones de emergencia. Lo hacía en su artículo 32 en el que establecía que "la Comunidad de Madrid podrá acordar lo que convenga para la protección de la salud de los ciudadanos y en el ámbito de la prevención de la enfermedad".

El texto también creaba la figura del "agente de la autoridad sanitaria", que concedía en esos supuestos amplios poderes a los funcionarios de la administración: "Cuando las autoridades sanitarias o sus agentes detecten un riesgo sanitario que, por su gravedad, ponga en peligro la salud pública, podrán adoptar las medidas especiales y cautelares necesarias sobre las mercancías, los locales y establecimientos, las actividades, los animales y, en su caso, las personas, con el objetivo de contener el riesgo y proteger la salud pública", reza el redactado que hizo el gobierno regional.

Al Ejecutivo Ayuso le faltan herramientas para combatir la pandemia, pero culpa de ello al gobierno central. En un viraje de estrategia de 180 grados la presidenta ha pasado de pedir el cese "lo antes posible" del estado de alarma -como hizo el 5 de mayo-; a acusar a Pedro Sánchez de "dejación de funciones". Durante aquellos días de primeros de mayo, en los que resonaban las cacerolas por la calle Núñez de Balboa de la capital, Ayuso calificaba el mando único como "dictatorial" y reclamaba su fin porque había "normativa para seguir controlando la epidemia". Ahora exige en redes sociales a La Moncloa que actúe.

Su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, el también popular Enrique López, ponía este lunes voz a esa reivindicación en la SER: "Tenemos una legislación muy antigua en materia de Salud Pública", se quejó. López, que también es responsable de Justicia en el PP nacional, lamentó que Pedro Sánchez no haya recogido "el ofrecimiento" de su partido para dotar a España de un "marco jurídico estable adaptado al siglo XXI".

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La queja del gobierno regional, que ostenta las competencias en materia de Salud Pública, contrasta con sus propios actos. Ayuso y su equipo no han dado un solo paso en este año que llevamos de legislatura para recuperar el Proyecto de Ley de Salud Pública de la era Garrido -a pesar de que el expresidente sigue en el Ejecutivo como consejero de Transportes y de que la cartera de Sanidad sigue en manos de la misma persona que entonces, en las del popular Enrique Ruiz Escudero-. Tampoco se han iniciado los trámites para elaborar un nuevo texto. De hecho, la Puerta del Sol no tiene planes de hacerlo a corto plazo, como refleja el plan anual normativo de la Comunidad para 2020. Es algo así como la hoja de ruta en materia legislativa del gobierno regional -la aprobó en diciembre de 2019- y en ella no hay ni una sola mención a una futura Ley de Salud Pública. La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de la SER sobre sus planes para este texto.