Desarticulada una organización que explotaba a pakistaníes en fruterías sin contrato

Bilbao

La Policía Nacional ha desarticulado en Bizkaia una organización de origen pakistaní dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación laboral de compatriotas con la detención de siete personas, seis de nacionalidad pakistaní y una rumana, que presuntamente explotaban a sus víctimas en fruterías, sin contrato ni alta a la seguridad social.

Según ha informado el Ministerio de Interior en una nota, las víctimas, todas ellas hombres de nacionalidad pakistaní, pagaban a la organización de 8.000 a 10.000 euros por su traslado desde Pakistán a España, después eran empadronados en domicilios vizcaínos, previo pago de 3.000 euros, y eran explotados en fruterías. A los tres años, la organización les ofrecía un contrato de trabajo legal a cambio de 8.000 euros para poder solicitar la tarjeta de residencia.

En el marco de la operación, la Policía Nacional ha registrado cuatro domicilios en Bizkaia, dos en Gernika y otros dos en Bermeo, donde se ha intervenido 93.522 euros en metálico, teléfonos móviles y diversa documentación.

Sus investigaciones comenzaron tras la denuncia de una persona que puso a la Policía tras la pista de la organización, que captaba a sus víctimas a través del “boca a boca” en la ciudad de Vehari (Pakistán).

La organización utilizaba preferentemente rutas terrestres para introducir a estas personas en España, lo que implicaba atravesar Europa en viajes de uno a dos meses. Por ellos, las víctimas pagaban entre 8.000 y 10.000 euros. A veces, también utilizaban vías marítimas desde los puertos de Libia o Túnez, y la aérea, desde Dubai.

Ya en España, la organización empadronaba a los ciudadanos pakistaníes en pisos controlados por la organización en Gernika y Bermeo, por lo que las víctimas pagaban otros 3.000 euros, y les obligaba a trabajar en las fruterías de las que disponía el entramado criminal en varias localidades vizcaínas.

Les obligaban a hacerlo, según la misma fuente, "durante largas jornadas bajo amenazas, sin contrato de trabajo ni alta en la seguridad social, y en tareas que no implicaban trato con el público para reducir su visibilidad ante posibles inspecciones de trabajo".

Al cumplir los tres años de estancia en España, las víctimas pagaban 8.000 euros a la organización para conseguir un contrato laboral en regla, requisito necesario para poder solicitar la tarjeta de residencia por circunstancias excepcionales