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Pazo de Meirás

Visto para sentencia el juicio por la recuperación del Pazo de Meirás

El abogado del Estado considera que con la recuperación de Meirás se haría "justicia histórica"

La defensa de los Franco sostiene que de forma tácita pasa a ser un bien privado, muerto el dictador

Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, conversa con Miguel Torres, abogado del concello de Sada / Cabalar (EFE)

 Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, conversa con Miguel Torres, abogado del concello de Sada

A Coruña

El juicio para la recuperación para el patrimonio público del Pazo de Meirás ha quedado visto para sentencia. "El tiempo de la Historia no es el tiempo de los hombres". Es una frase que ha pronunciado el abogado del Estado durante su alocución de dos horas presentando conclusiones. Una frase para explicar por qué ahora, y no antes, el Estado reclama la titularidad del Pazo de Meiras. Javier Suárez espera una sentencia favorable a los intereses de las administraciones: "Lo único que podemos reclamar al juzgado es un acto de justicia legal, en caso de una extinción de la demanda, además de justicia legal, será un acto de justicia histórica".

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El Estado mantiene probado que el Pazo de Meirás fue adquirido mediante una suscripción popular forzosa y con fondos públicos para ser donado posteriormente al Jefe del Estado, nunca a la figura personal de Francisco Franco.

Para los letrados de las administraciones no se puede disociar en ningún momento de la dictadura la figura de Franco de la Jefatura del Estado, siendo Meirás una residencia oficial como lo fue el Palacio del Pardo. 

"Lo que sí debemos plantearnos es qué conductas de Franco pueden ser amparadas por un estado de derecho y que un estado de derecho tampoco puede hacer que sea una persona pública para que el Pazo se adquiera y se gestione y sin embargo sea una persona privada para aceptar una donación", defendió el abogado del Estado Javier Suárez.

Las administraciones creen probado el fraude en la compraventa que los Franco realizan en 1941 para dar "apariencia de titularidad privada" al Pazo de Meirás. Rechazan que, muerto el dictador, el Estado asumiese una "desafectación pública" del inmueble y por tanto asumiese la titularidad privada por parte de la familia Franco. Un pazo que debe regresar al pueblo.

"Lo que se genera es la apariencia de que aquí estamos ante una compraventa normal y corriente, y esto es un fraude, este fraude pretendía encubrir que las situaciones en la adquisición eran esas, y después de la muerte de Franco ha logrado el efecto que pretendía generar", señaló el abogado de la Xunta. "Acordémonos de todo esto señoría, si el pazo de Meirás fue adquirido con el dinero y el sudor del pueblo, debe ser devuelto por fin al pueblo", agregó.

La réplica de los Franco

La tesis de los demandados ha sido clara. El Pazo de Meirás fue residencia del jefe del Estado hasta la muerte de Francisco Franco. A partir de ahí, de forma tácita el inmueble quedó desafectado del uso público y quedó circunscrito al patrimonio privado de una familia: los herederos del dictador.

"Ya terminamos, estamos todos muy cansados pero con ganas de terminar y que quede visto para sentencia, soy optimista y confío en la justicia y siempre encaro el final de un juicio con optimismo", señaló el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera Molina, antes de que su compañero, Antonio Gil, hiciese el alegato final.

 
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