El Defensor del Paciente denuncia al gobierno de Castilla y León por la gestión de las residencias
Además, denuncia a los gobiernos de España, Madrid y Cataluña y les acusa de un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con otro de homicidio por imprudencia, y un tercero de omisión del deber de socorro
Foto de archivo. La Junta entrega material a los centros sanitarios y residencias de mayores de León durante el estado de alarma / ICAL
Valladolid
El Defensor del Paciente ha formulado una denuncia ante el Tribunal Supremo por la gestión de la atención prestada en las residencias de mayores durante la crisis del COVID-19 por parte de los gobiernos de Castilla y León, España, Madrid y Cataluña. En concreto, por un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia, y presunto delito de omisión del deber de socorro.
En concreto, la denuncia se dirige contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y las consejeras de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, Verónica Casado y María Isabel Blanco, respectivamente. También, frente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo del Ejecutivo central y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; contra el ministro de Sanidad, Salvador Ila, así como contra la presidenta de la Comunidad de María, Isabel Díez Ayuso; su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz; el director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Calos Mur de Víu, además de contra el presidente de la Generalitata, Joaquim Torra I Pla, y su consejera de Sandiad, Alba Verges I Bosch.
