Álvarez recurre al Supremo la sentencia "arbitraria" e "irracional" que la condenó en los ERE

Sevilla

La exconsejera de Hacienda de Andalucía, Magdalena Álvarez, ha presentado ante el Supremo el recurso de casación en el que solicita su absolución en el caso de los ERE. Alega que no existen pruebas ni indicios relevantes contra ella para condenarla por prevaricación en una sentencia que su defensa califica de "irracional", "ilógica", que hace "interpretaciones legales absurdas" y que es "arbitraria".

Arbitraria porque aplica "distinto rasero" al Parlamento Andaluz que a la exconsejera, detalla el documento. De forma que el Parlamento también podía conocer cómo se pagaban las subvenciones de los ERE. Podía conocer que las ayudas se recogían en el presupuesto cada año como transferencias de dinero de la consejería de Empleo, que las otorgaba, a la agencia pública IDEA, que las pagaba. Y esa forma de presupuestar no es ilegal, dice. Álvarez está condenada a nueve años de inhabilitación.

Su condena se basa, recoge el recurso, en una "interpretación irrazonable e imprevisible" de las leyes y los preceptos que regulan la figura de las transferencias de financiación, que era la figura presupuestaria con la que la agencia IDEA recibía el dinero que le transfería la consejería de Empleo para que pagara las ayudas concedidas por la dirección general de Trabajo. La defensa de Álvarez insiste en que se podían pagar las ayudas a empresas y ayudas socio laborales usando esa fórmula, que permitía fiscalizar previamente el gasto y también permitía la fiscalización permanente. Emplear esa figura presupuestaria "no es causa" de las irregularidades, afirma la defensa de Álvarez.

La exconsejera sostiene, como ha hecho desde que resultó imputada, que su cometido no era conocer cómo se gestionaban las ayudas investigadas. El uso de las transferencias de financiación, repite una y otra vez, para otorgar ayudas "ni dificulta ni impide" la fiscalización previa en Empleo, que no existió. "No se prueba que tuviera conocimiento de ninguna ilegalidad. No tenía conocimiento del modelo de gestión de las ayudas", "No se prueba que tuviera reuniones con Empleo en las que se hablara del modelo de gestión", se puede leer en el recurso.

El recurso añade que Álvarez no recibió nunca ningún informe de la Intervención que le advirtiera de ninguna ilegalidad y señala que ningún informe hablaba tampoco de ilegalidad.

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Magdalena Álvarez recuerda que no dictó ninguna resolución administrativa en los ERE que pueda calificarse de justa o injusta. Ni las modificaciones presupuestarias ni los anteproyectos de las leyes de presupuestos lo son. Son actos políticos, alega, que nunca tuvieron reparos de la Intervención y que fueron aprobados luego por el Parlamento Andaluz.