Valcárcel afirma que él no autorizó la construcción de la desaladora
El expresidente de la Comunidad declara "tranquilo" como investigado en el caso Desaladora de Escombreras
Murcia
El expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel ha dicho al llegar a la Ciudad de la Justicia para comparecer como investigado en el caso de la desalinizadora de Escombreras que está "deseando declarar para demostrar" su inocencia.
El también exvicepresidente del Parlamento Europeo, que ha llegado a los juzgados junto a su abogado, Fernando Adame, ha añadido que esta citación como investigado le va a permitir probar que no cometió delito alguno en la gestión de esta obra.
Ha manifestado también a los periodistas que aguardaban su llegada que volvería a emprender todas las actuaciones que fueran necesarias si con las mismas se trataba de conseguir agua para Murcia.
Sobre su estado de ánimo ha dicho que estaba "muy tranquilo y confiado" porque tiene "tranquilidad de conciencia" y está "convencido de que se demostrará" su inocencia.
También ha explicado que no se acogerá a su derecho a no declarar y que contestará a todas las preguntas que le hagan durante el interrogatorio.
Por su parte, el letrado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en el caso, ha dicho que Valcárcel ya no tiene la protección política de antes y que, ahora, es "un ciudadano más que debe responder de sus actos ante la justicia".
De Ramón ha calificado el proyecto de la desaladora de Escombreras como "el mayor caso de corrupción de la Región de Murcia".
Asimismo, ha adelantado que va a pedir una medida cautelar contra el expresidente que no ha querido precisar para añadir que también solicitará que se realice una investigación de su patrimonio tanto en España como en el extranjero.
La declaración de Ramón Luis Valcárcel estaba prevista para el pasado 16 de marzo, pero tuvo que ser aplazada por el estado de alarma.
Estas diligencias judiciales se iniciaron a raíz de la denuncia que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó en julio pasado y en la que se atribuyen al expresidente autonómico los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.
