Se piden penas de hasta 19 años de cárcel por el incendio de Chiloeches

Guadalajara

 El Juzgado número 1 de Guadalajara da por concluída la instrucción del caso del incendio de la planta de residuos tóxicos de Chiloeches y decreta la apertura de juicio oral declarando como órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa a la Audiencia Provincial de Guadalajara.

En este largo proceso que se inició en agosto de 2016 tras el incendio de la planta del Polígono Industrial Albolleque de Chiloeches están encausadas 18 personas y 3 empresas para quienes se piden penas de prisión por parte de la fiscalía que oscilan entre los 3 y los 19 años y responsabilidad civil de gastos de casi 15 millones de euros.

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Por un lado, irán a juicio 11 personas relacionadas con la empresa Layna, propietaria de las instalaciones, KUK Medioambiente, que gestionaba la planta, y de la empresa Salmedina a donde se llevaban algunos residuos peligrosos mezclados con otros no tóxicos. En estos casos el Ministerio Fiscal pide penas de hasta 19 años de cárcel para los principales gestores, aunque también hay comerciales y encargados acusados con peticiones menores de pena.

Se les imputan delitos de tratamiento ilegal de residuos peligrosos, participación en grupo criminal, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil, entre otros.

7 CARGOS PÚBLICOS

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Por otro lado, está acusado el exalcalde popular de Chiloeches César Urrea por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y para él la fiscalía solicita 5 años de prisión y 14 años de inhabilitación.

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Hay 6 exaltos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acusados también por prevaricación, 3 ejercieron durante el gobierno de José María Barreda y 3 durante el gobierno de María Dolores de Cospedal.

Son el exdelegado de Medio Ambiente en Guadalajara Sergio David González, 3 exdirectores generales y 2 jefes de servicio para los que la fiscalía solicita penas de hasta 3 años de cárcel y 13 años de inhabilitación.

INCENDIO INTENCIONADO

La investigación de la Guardia Civil constató que en esa planta se almacenaba y se mezclaban residuos tóxicos peligrosos con residuos no tóxicos sin ningún tipo de control generando afecciones importantes a los ecosistemas del exterior y peligrosos para la salud pública. A pesar de la que instalación tras varias inspecciones llegó a ser clausurada antes del incendio, la actividad continuaba dentro. Poco antes de las 5 de la madrugada del 26 de agosto de 2016 comenzó el fuego y la planta estuvo ardiendo durante 6 días generando altos niveles de contaminación.

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Como hipótesis más probable el departamento de incendios del laboratorio de la Guardia Civil consideró que el incendio fue provocado de forma intencionada, posiblemente para deshacerse de forma rápida y barata de la gran cantidad de toneladas de residuos allí almacenados.