CCOO denuncia que la desescalada en la provincia de Alicante se produce a costa de la economía sumergida

Valencia

Según los datos conocidos ayer por la Tesorería General de la Seguridad Social, de las 414.172 personas afectadas por un ERTE desde el 12 de marzo, 226.398 hombres y 175.764 mujeres, se han rescatado tan solo a 64.711, un 15,62%. Se refiere a suspensiones temporales de empleo, totales o parciales, en su mayoría por fuerza mayor. Unos datos que, a juicio de CCOO PV, nos ofrecen algunas pistas sobre las tendencias a corto plazo “y es que el grado de incertidumbre general parece que se focaliza en el empleo, por lo que las empresas continúan desviando parte de sus costes sociales al Estado”.

El sindicato afirma que todo indica que, en el caso de la provincia de Alicante, se ha producido un incremento de la economía sumergida, pues es “incomprensible que únicamente el 3,96% del personal suspendido sea desafectado, cuando una parte muy importante del sector hostelero puede retomar su actividad paulatinamente”, asegura su secretario general, Arturo León. Máxime cuando el sector servicios ha sido el que mayoritariamente ha acudido a la vía de las suspensiones, algo que ha sido comprendido por el conjunto de la sociedad.

Estos datos nos siguen proporcionando una visión cortoplacista del empresariado de la provincia y, según CCOO PV, no podemos permitirnos una vuelta a los niveles de informalidad en el mercado de trabajo como los previos a la pandemia. Si en algo hay consenso, ha manifestado León, es en que necesitamos una red de protección social fuerte y, para ello, aspiramos a que la provincia con la tasa más elevada de economía sumergida, transite hacia la legalidad en la contratación porque, de no hacerlo, las consecuencias negativas son para toda la sociedad.

El sindicato reivindica la puesta en marcha el Observatorio del Trabajo Decente, retrasado por el estado de alarma, que establezca indicadores que permitan corregir desde las políticas públicas estos desajustes en el mercado laboral que refuerzan las situaciones de pobreza extrema. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad empresarial, en una provincia en la que conviven además otras problemáticas como la siniestralidad laboral. En estos dos meses han fallecido ocho personas como consecuencias de accidentes de trabajo”, se lamenta Arturo León.