Acción Social flexibiliza las Ayudas de Emergencia

La Concejalía de Acción Social ha hecho algunas modificaciones técnicas en las bases que regulan las Ayudas de Emergencia para facilitar su acceso a las familias que realmente lo necesiten. El departamento que preside Cristina Valderas ha detectado algunos inconvenientes burocráticos que se podrán solventar a partir de ahora, siempre y cuando haya un informe de la trabajadora social que justifique la concesión de cada una de estas subvenciones. Por ejemplo, los beneficiarios no tienen la obligación de presentar una cuenta bancaria o se les puede eximir de presentar el certificado de empadronamiento. “Porque hay familias que tienen una trayectoria consolidada en Aranda aunque a veces puede faltar algún tipo de documentación y lo que se hace facilitar de alguna forma, siempre y cuando se cuente con un informe de la trabajadora social que vea adecuada y que vea necesaria la prestación de la ayuda”, explica la concejal.

Por otra parte, esta concejalía tiene prácticamente ultimada una ordenanza que regule el uso de las viviendas sociales. El Ayuntamiento dispone actualmente de una decena de pisos disponibles, a los que quiere dar salida para hacer frente a las necesidades que previsiblemente aumentarán como consecuencia de la crisis. La edil considera que estos inmuebles, que están ubicados en distintas zonas, cinco de ellos en la avenida de la Estación (las antiguas viviendas de los camineros), tres en la calle Santa Ana, uno en la de Las Francesas y otro más en la calle Santiago, hasta la fecha se han utilizado en mayor medida en su vertiente de emergencia, para solventar problemas puntuales de forma inmediata, pero este reglamentación permitirá habilitar un registro permanente de solicitudes para ir adjudicando su uso en función de otras necesidades. “Yo creo que se han utilizado más para alguna circunstancia puntual, una situación de extrema necesidad, que se quedaban en desahucio o personas que venían y estaban tramitando los papeles de extranjería y en caso de violencia de género, lo que pasa es que con una fundamentación ahora o sea con un reglamento y un registro permanente viviendas se podrán utilizar como viviendas sociales, con las circunstancias que se pueden dar y la necesidad apremiante que puede haber en un futuro de este tipo de viviendas”, añade Valderas.

La intención del equipo de gobierno es llevar esta ordenanza al próximo pleno para su aprobación. Por otra parte, la distribución de los remanentes cuenta con una partida de 40.000 euros para la puesta a punto y la compra de mobiliario para estos pisos, de los que dos de ellos se seguirán reservando para cuestiones de emergencia social, aunque todavía está por determinar cuáles de ellos.