El borrador de ley de transición ecológica no convence

Las grandes superficies y la patronal de los concesionarios definen el borrador de ley de transición ecológica que prepara la Generalitat, como "arbitrario, inoportuno, inadecuado" y que hasta puede provocar el efecto contrario de lo que persigue. La norma que pretende la consellera Mireia Mollà se basa en varios impuestos, la llamada fiscalidad verde, que servirían para dotar el fondo con el que implementar las medidas contempladas en la ley.

Críticas de las grandes superficies

No ha gustado nada el borrador a las grandes superficies. Desde ANGED, Joaquín Cerveró, explica: el borrador le parece, de entrada, inoportuno. En un momento como el actual lo último que necesitan son más impuestos.

Impuestos, como el que aquí se plantea que paguen las grandes superficies por la cantidad de vehículos que reciben, además, poco pensados cuando no son, como explica Cerveró, copia directa de la ley catalana de grandes superficies de 2017.

Echa en falta Cerveró referencias a las leyes que sobre comercio está tramitando el consell del que forma parte Mireia Mollà y además considera que sería una norma arbitraria que rompería el principio de “quien contamina paga” penalizando a las grandes superficies por el hecho de ser grandes. Según Cerveró, Mireia Mollà "usa el verde solo como excusa".

Y señala una incongruencia más. En otro apartado de la ley se pide que las grandes superficies que puedan construirse deben hacer aparcamientos cuando, al tiempo, se les penaliza por atraer coches.

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También de los concesionarios de vehículos

Y tampoco están contentos quienes venden coches. Manuel Palma, de la patronal de concesionarios, afirma que la ley está tan poco pensada que puede conseguir justo lo contrario de lo que persigue. Y es que otro de los impuestos estrella que contempla es el que se impondría a partir de 2023 para todos los vehículos que no sean 100% eléctricos. Un impuesto sobre las emisiones de CO2.

No lo rechaza Palma, pero explica que tal cual está formulado, al ser de ámbito autonómico, el impuesto es una invitación para que las empresas de renting, de alquiler y los particulares matriculen en otras autonomías donde resulte más barato. El resultado sería que se ingresaría menos y que sin embargo se mantendría el mismo número de vehículos contaminantes en nuestras carreteras. Palma solo entendería una ley así desde el ámbito nacional.