Nueva querella de familiares por la gestión de Ayuso en las residencias de mayores

Madrid

La gestión de la Comunidad del coronavirus en las residencias de mayores sigue llevando a familias a recurrir a la justicia. En esta ocasión son 25 familiares de residentes de geriátricos quienes han presentado este miércoles en los juzgados una querella contra cinco directores de sendas residencias de mayores de los municipios de Alcorcón y Leganés y contra el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. Consideran que López es responsable de lo sucedido en esta pandemia “por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril”.

Esas declaraciones recuerdan que el consejero afirmó que las residencias estaban “medicalizadas” y que, con el decreto de estado de alarma, ni él ni el resto de ramos del Gobierno “tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque eran competencias del Gobierno central”. Algo falso, según los familiares en la querella, porque el decreto de estado de alarma “deja claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid”.

Los cinco directores de residencias que también están incluidos en la querella son los de la Residencia de Alcorcón, que es pública, Aralia Parque de los Frailes, de gestión indirecta, y Domusvi-Leganés, Amavir-El Encinar y Vitalia Home Leganés, estas tres residencias privadas con plazas concertadas por la Comunidad de Madrid.

Los familiares les acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante, todos ellos imputables a la presidenta madrileña, los dos consejeros y los responsables de estas cinco residencias. Estas familias hablan de abandono, de que durante el pico de crisis de la pandemia a los mayores no se les derivaba a los hospitales, de que las trabajadoras no tenían equipos de protección o que no se daba información.

Ana Gómez tenía a su tía de 85 años en la residencia Aralia-Parque de los Frailes. “Desde el minuto cero nos dejaron claro que a mi tía no la iban a ingresar en el hospital. Que la iban a tratar allí como les dijera el geriatra y con los medios que tenían”. Su tía enfermó a finales de marzo y falleció el 9 de abril.

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Mariví Nieto recuerda lo vivido con su madre de 79 años en la Residencia de Alcorcón. “Hemos pasado hasta cinco días sin saber nada de mi madre cuando en la residencia estaban muriendo tres personas al día. La sensación de angustia, de estrés, de impotencia porque mi madre es una gran dependiente, no habla, no se mueve y no come. Sabemos por trabajadoras que han estado trabajando en unas condiciones pésimas de seguridad para ellas y para los residentes. Entonces, eso ha sido un caldo de cultivo”.

Estas 25 familias han pedido también en el Juzgado que en estas causas comparezcan como testigos el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, la exdirectora de Salud Pública, Carmen Fuentes, y el exdirector de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur. Además, han incorporado los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acordó y reiteró, a petición de los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés, que las residencias de esos municipios tenían que ser medicalizadas. Una petición que siguen reclamando estos familiares de los usuarios de geriátricos.

El pasado día 11 de mayo otros familiares agrupados en la llamada Marea de Residencias, presentaron otra querella contra 10 directores de geriátricos, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por su gestión en estos centros.