El Consell de Ibiza negocia con Airbnb la retirada de anuncios ilegales
Dice que después de que el TSJB haya tumbado la sanción del Govern, la plataforma se muestra reacia a firmar un convenio de colaboración
Imagen de archivo de un anuncio de la plataforma Airbnb / Cadena SER
Ibiza
El Consell de Ibiza no descarta continuar adelante con la vía judicial, pero sigue confiando en la negociación de un convenio de colaboración con Airbnb para que retire los anuncios de alquiler vacacional ilegales.
Según explica la directora insular de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, Nahiara Cardona, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya tumbado la sanción de 300.000 euros impuesta por el Govern por publicitar viviendas de alquiler vacacional ha truncado las negociaciones que estaba llevando a cabo la plataforma con la institución ibicenca.
Reitera que cuando el Consell detecte anuncios ilegales tiene que enviar un requerimiento a Airbnb para que “actúe en consecuencia”.
Cardona dice que se reunirá con representantes de la empresa irlandesa este viernes para intentar llegar a un acuerdo.
EL TSJIB DA LA RAZÓN A LA PLATAFORMA
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha tumbado la sanción de 300.000 euros que el Govern impuso a Airbnb en julio de 2018 por publicitar anuncios de viviendas turísticas que no incluían el número de licencia.
La sentencia considera que la empresa irlandesa está amparada por una directiva europea sobre prestadores de servicios de la sociedad de la información y la sanción es nula. El Govern puede presentar recurso contra esta decisión.
Los hechos se remontan a julio de 2018 cuando el Govern impuso una sanción de 300.000 euros a Airbnb por publicitar viviendas sin mostrar el número de licencia. Una infracción considerada muy grave por la Ley de Turismo de Baleares. La ley balear contempla que la publicidad por cualquier medio de difusión de la comercialización de estas estancias debe incorporar el número de inscripción de la vivienda en el registro de la Conselleria de Turismo. Algo que en este caso no se daba y llevó a la imposición de la sanción por parte de la inspección turística.
La sentencia da la razón a Airbnb porque considera que en este caso su actividad está amparada por la directiva 2000/31 de la Unión Europea, al ser considerado como un operador de intermediación que se limita a una prestación neutra, técnica y automática de alojamiento de contenidos insertados por usuarios. Este amparo quedó resuelto, según el tribunal, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del pasado 2019, que consideró que AirBnB no ejerce una influencia decisiva sobre la prestación de los servicios y queda plenamente amparada en la directiva europea.
La sala de lo contencioso administrativo del tribunal balear señala que la obligación de insertar el número de licencia está dirigido a la empresa turística que lo oferte y no a la empresa titular del medio en el que se publicita la oferta. De hecho, para el tribunal, la exigencia de la Ley balear de que los responsables de los canales de ofertas turísticas se aseguren que los ofertantes de las viviendas inserten el número de registro implica trasladar al prestador de servicios unas competencias inspectoras que están vetadas por la directiva europea y cuyo ejercicio solo corresponde a la Administración.
El choque entre la normativa autonómica y la europea prima la norma internacional sobre la estatal. La sentencia da la razón a Airbnb, por lo que anula la sanción. El Govern puede recurrir de nuevo ante el Tribunal.
