ANSE, sorprendida por la alusión al Antiguo Testamento para justificar el Decreto Ley de Medio Ambiente

Murcia

Es un pasaje bíblico, del Antiguo Testamento, al que aluden los servicios jurídicos de la consejería de Medio Ambiente para dar el visto bueno a un decreto por el que se modifica la Ley de Protección Ambiental de la Región de Murcia. En concreto un versículo del Levítico, que hace referencia a la prohibición de "comer murciélagos". 

El informe está firmado por la jefa del Servicio Jurídico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, María Dolores Bermejo, y justifica la urgencia de este Decreto-Ley, que lleva el nombre de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.

"Las pandemias han acompañado a la humanidad desde tiempos remotísimos y ya se reflejan, sin ir más lejos, en el Levítico 13: 45-46 en el que se llega a prohibir en el capítulo 11, versículo 19 'comer murciélagos', animal este que ahora se considera vector de la mayoría de las zoonosis en la actualidad", apunta el documento. Consideraciones jurídicas que argumentan lo imprevisible de laspandemias y la situación excepcional provocada por el coronavirus. El Servicio Jurídico de la Consejería se pronuncia favorablemente sobre el decreto en cuestión.

Las organizaciones ecologistas han criticado el uso de un texto religioso en el informe jurídico que avala la norma, que según ANSE y Ecologistas en acción, ven como un "enorme paso atrás en materia de prevención y protección del medio ambiente". Además denuncian que se ha utilizado como excusa la pandemia del coronavirus para fomentar la "desprotección del medio ambiente" favoreciendo "la contaminación industrial".

Entre los cambios que trae este decreto ley está el permiso para que aquellas empresas que ya cuenten con una autorización ambiental puedan ampliar sus instalaciones sin necesidad de solicitar una nueva licencia si no hay un incremento de más de un 30% de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, de vertidos a cauces públicos o al litoral, de generación de residuos, de consumo de materias primas o de afección a áreas de especial protección.

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Además, convierte a los ayuntamientos en "organismos ambientales en materia de planteamiento urbanístico" y estarán capacitados para realizar informes de impacto ambiental siempre y cuando la población del municipio supere los 20.000 habitantes.