Goia: "No podemos vigilar el comportamiento de los 187.000 donostiarras"

San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha pasado esta mañana por los micrófonos de "Hoy por Hoy San Sebastián", para explicar las medidas que está tomando el consistorio para hacer frente a la pandemia, y a las consecuencias económicas que está generando en la ciudad.

Sobre la entrada ayer en la Fase I, materializada sobre todo en la apertura de pequeños comercios y terrazas, Goia ha insistido en que "en general, se están cumpliendo las normas", aunque "siempre hay excepciones". Según datos de la Guardia Municipal, ayer se efectuaron 44 comprobaciones en establecimientos hosteleros, donde se registraron 23 incumplimientos, la mayoría por " no guardar la distancia social". Y se impuso una sanción a un local que incumplía "de forma flagrante las normas" al servir en el interior del establecimiento.

La entrada en esta nueva fase ha traido consigo un aumento de la movilidad en la ciudad y un incremento en el uso del transporte público. Así, ayer DBUS registró un 39 % más de viajeros que el lunes pasado. Aún así, "sólo un vehículo llegó a completar el aforo",  explicaba el alcalde, que anunciaba también que a partir del próximo lunes, 18 de mayo, se prevé un nuevo incremento de frecuencias y servicios "para ir adecuando la oferta a la demanda".

Para el uso recreativo de las playas habrá que esperar, probablemnte hasta finales de junio, y de cara a Semana Grande, prudencia, es pronto para tomar decisiones, decía Goia, reconociendo que a día de hoy "lo veo francamente complicado".

Sobre los udalekus, y colonias municipales, el ayuntamiento trabaja ya en distintos escenarios para poder llevarlas a acabo con todas las garantias, porque consideran esencial ayudar a las familias a conciliar. Así que, parece que sí, habrá colonias municipales en Donostia.

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Y más allá de todo lo que rodea a la crisis del coronavirus, el alcalde se ha referido también a la reciente sentencia del TSJPV sobre el Bellas Artes favorable al Ayuntamiento. "Supone un tremendo alivio", reconocía Goia, ya que la SADE reclamaba al consistorio 14 millones de euros en concepto de indemnización.