El juez abre juicio a la antigua cúpula de UGT en Andalucía
El magistrado declara la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato y le pide 40,7 millones si los acusados no pueden abonar esa fianza en un día
Francisco Fernández y Manuel Pastrana, ex secretarios generales de UGT-A(EFE (archivo))
Sevilla
El juzgado de instrucción 9 de Sevilla ha abierto el juicio oral al ex secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y a otros tres exresponsables del sindicato entre 2009 y 2013 por supuestamente haber usado dinero de la Junta destinado a la formación para fines distintos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para ellos siete años de prisión. En el banquillo también se sentarán diez empresarios, que eran proveedores del sindicato.
El magistrado Juan Jesús García, que ha investigado los hechos, exige una fianza de responsabilidad civil de 40,7 millones de euros a Fernández, al extesorero de UGT-A Federico Fresneda, a la secretaria de gestión económica María Charpín y al consejero de la empresa Soralpe, propiedad de UGT, Enrique Goicoechea. Si ellos no pueden hacer frente a esa cantidad el sindicato andaluz será el responsable civil subsidiario y deberá abonar esa cantidad o bien responder de ella con sus bienes.
El juez sobreseyó el caso con respecto a Manuel Pastrana, histórico dirigente de UGT Andalucía, por su estado de salud, que lo hace inimputable.
El sistema que supuestamente empleó el sindicato para defraudar a la Junta consistía en ocultar a la administración los descuentos que le hacían sus proveedores en diferentes facturas. Eso se conocía como el "rápel".
En otras ocasiones los proveedores hacían supuestamente facturas falsas para que el sindicato las presentara ante la Junta. Facturas que "no se correspondían con ningún servicio prestado y eran imputadas a programas subvencionados".
Otra vía de financiación del sindicato fue la cesión en usufructo de locales de su propiedad a la empresa Soralpe, de la que UGT-A era el único socio. Así conseguían dinero con cargo a subvenciones para alquilar las aulas donde impartían los cursos de formación. Un dinero con el que no pagaban realmente ningún alquiler, según la Fiscalía, porque los locales eran propios.
El abogado del sindicato, Germán Fernández, ha señalado al conocer el auto que ya está más cerca el momento en el que podrán demostrar su inocencia.
