Alu Ibérica expresa su "profunda decepción y seria preocupación" por el Estatuto y plantea mejoras

Gijón

Inquietud y decepción en la empresa Alu Ibérica tras conocer el contenido del anteproyecto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. De hecho, la multinacional ha remitido sendas cartas a la Ministra de Industria y a los presidentes de los gobiernos de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias en las que manifiesta su preocupación por lo que califica nula efectividad del Estatuto y apela al compromiso adquirido.

Alu Ibérica reclama una revisión del precio eléctrico conforme a lo comprometido en las negociaciones del pasado mes de junio ya que considera que las bajadas previstas de entre 0,5 y 3,2 euros por megawatio suponen un agravio comparativo respecto a la rebaja de 35 euros de la que se benefician los competidores de Francia, Alemania y Suecia para fabricar aluminio primario.

Si estas condiciones no cambian, la empresa reconoce que será imposible arrancar las series de electrolisis dentro de nueve meses y propone al Gobierno tres medidas concretas: que el 25 por ciento de los derechos de CO2 se dedique a reducir el precio que pagan este tipo de compañías por la energía, que se saque de la factura eléctrica el coste del desarrollo de la energía renovable y que tengan bonificado el cien por cien del impuesto eléctrico.

Alu Ibérica deja la pelota en el tejado del Gobierno con el apoyo de los trabajadores que no solo comparten sino que amplifican la preocupación de la empresa. El presidente del comité de empresa José Manuel Gómez de la Uz se siente engañado por el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez a quienes acusa de pretender destruir la verdadera industria electrointensiva.