Florit: "Era más importante averiguar el delito que el derecho al secreto profesional"
Los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a los que decomisaron los teléfonos móviles han afirmado que la policía les obligó a entregar los teléfonos móviles aludiendo a una orden judicial
El juez que instruía el 'caso Cursach', Miguel Florit / Isaac Buj - Europa Press (EUROPA PRESS)
Palma
El juez Miquel Florit defiende que ponderó la persecución del delito de revelación de secretos frente al secreto profesional de los periodistas y consideró que en el caso que investigaba, el primero prevalecía frente al segundo. El juez que se hizo cargo del caso Cursach ha comparecido en el juicio que se sigue contra él por la presunta comisión de varios delitos por su decisión de decomisar los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre de Diario de Mallorca y Blanca Pou de la agencia de noticias Europa Press.
La fiscalía no acusa, frente a los medios de comunicación que reclaman para él 42 años de inhabilitación, una multa de 43.000 euros y 30.000 de indemnización por daños morales para uno de los periodistas. Florit ha defendido que ponderó la situación y era más importante perseguir el delito.
El magistrado también ha reconocido que en cierto sentido, la intención era averiguar quién informaba a los periodistas para descubrir al autor de la filtración.
El juez también ha insistido que tenían sospechas fundadas sobre los autores de la filtración antes de requisar los teléfonos. Junto con la policía y la fiscalía, concluye, era más sencillo pedir los listados de llamadas de los dos periodistas y hacer una investigación selectiva de los números de teléfono con los que interactuaron, que pedir los listados de 30 funcionarios del juzgado, la fiscalía y la policía.
Un relato que ha ratificado punto por punto el fiscal anticorrupción a Juan Carrau, quien ha explicado que el anterior fiscal y juez no habían perseguido las reiteradas filtraciones del secreto de sumario.
Carrau ha insistido en que lo que se buscaban eran elementos probatorios contra los filtradores y no quienes eran las fuentes de información de los periodistas, porque ya se tenia acotado al presunto autor de la filtración. La fiscalía avaló mediante un informe la intervención de los teléfonos porque consideró que era la forma más razonable y estimó que era una injerencia muy leve.
El fiscal considera el delito de revelación de secretos era muy grave y ha subrayado que se produjeron de forma continuada sin que el anterior instructor y el fiscal hicieran nada por perseguirlas.
Días después, dice Carrau, el juez le comunicó que estaba muy presionado y que con toda la información que tenía, ya no era preciso mantener el decomiso de los teléfonos, a pesar de que él era partidario de continuar. No ha querido entrar a valorar esas presiones, aunque ha recordado que ya se había publicado que los dos medios se querellarían contra él.
Declaración de Mestre y Pou
Los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press a los que decomisaron los teléfonos móviles han afirmado que la policía les obligó a entregar los teléfonos móviles aludiendo a una orden judicial y no se les permitió consultar con sus servicios jurídicos sobre la forma de proceder. Kiko Mestre y Blanca Pou han declarado como testigos en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el juez de instrucción Miquel Florit, que requisó los aparatos de los dos periodistas con la intención de descubrir al autor de una filtración del secreto de sumario del caso Cursach.
El informador de Diario de Mallorcs, Kiko Mestre, ha explicado que en todo momento mostró su disconformidad con las intenciones de los dos agentes de policía que le abordaron en el pasillo del juzgado. Le dijeron que tenían una orden judicial para incautarse de su teléfono móvil, algo que le extrañó. Afirma que no tuvo otra opción que entregarlo, aunque se mostró disconforme.
El periodista, que reclama 30.000 euros de indemnización por daños morales, sostiene que estos hechos le han afectado a nivel personal y profesional.
La periodista Blanca Pou, de Europa Press, ha relatado que unos meses antes del decomiso de los teléfonos dos policías acudieron a preguntarle por varias informaciones en tono amistoso, tras lo cual le comunicaron que sería citada en comisaría para ratificar lo relatado. Sin embargo, semanas después se plantaron en la sede de la agencia con la orden judicial para exigir su teléfono móvil. A pesar de que apeló al derecho al secreto profesional, la secretaria judicial y los agentes no le dieron opción.
