Zona Franca confirma la marcha de Torrot y podrá volver a licitar la nave de Altadis

Cádiz

Era cuestión de tiempo que se confirmase, y finalmente la delegada de la Zona Franca, lo ha hecho esta mañana. Torrot traslada la producción del triciclo eléctrico conocido como 'Velocípedo' a su planta de Salt, en Gerona y la Zona Franca ha alcanzado un acuerdo con la empresa para finalizar el contrato de mutuo acuerdo.

Los nuevos gestores de la compañía, perteneciente al fondo Black Toro, han tomado la decisión de volver a su planta gerundense por los problemas financieros que tiene la empresa y porque la Generalitat de Cataluña les ofrece nuevas ayudas para desarrollar el negocio en su base de operaciones, en la región catalana.

La compañía decidió instalar la cadena de montaje de los vehículos de movilidad alternativa en la zona fiscal gaditana, concretamente en la nave donde en su día se ubicó la fábrica tabacalera de Altadis. En febrero de 2019 se escenificó el inicio de las obras de adecuación de las instalaciones, en un acto con presencia de dos consejeros de la Junta de Andalucía, el alcalde de Cádiz y la propia delegada de la Zona Franca.

La decisión de abortar el proyecto consuma el fiasco que se venía barruntando desde prácticamente su inicio. Ya en verano se puso en marcha un ERE que afectó a los trabajadores contratados para la fábrica en Cádiz, la empresa austríaca KTM se desvinculó de la construcción del Velocípedo en la planta de Zona Franca y el ministerio de Industria advirtió a Torrot que tenía que justificar los 8,5 millones de euros que recibió en forma de ayudas económicas procedentes del plan Reindus poniendo en marcha el proyecto en febrero.

Los problemas financieros, el cambio en los responsables al frente de la construcción de los vehículos eléctricos y la oferta de la Generalitat han avocado a Black Toro a recoger sus cosas y descartar la puesta en marcha de la fábrica en Cádiz.

Ahora la empresa tendrá que devolver los 8,5 millones de fondos Reindus y la nave revertirá a la Zona Franca. La delegada de la zona fiscal, Victoria Rodríguez, ha comparecido esta mañana para lamentar la marcha de la fábrica y para explicar que han llegado a un acuerdo con la empresa para concluir el contrato de mutuo acuerdo y evitar la vía legal, garantizando un "equilibrio financiero total".

Siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos, Rodríguez ha señalado que el acuerdo obliga a la compañía a abonar todas las mensualidades del alquiler que tiene atrasadas para que la administración no pierda dinero.

El millón y medio de euros que invirtió Zona Franca para adecuar la nave no se recuperará, porque según ha indicado Rodríguez, es un gasto con el que siempre corre la administración cuando una empresa quiere instalarse allí.

Las reacciones a la cancelación del proyecto se han venido produciendo a lo largo de la mañana. El parlamentario andaluz y exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido explicaciones a la actual Junta de Andalucía, que brindó su apoyo y concedió su bendición a la iniciativa industrial.

Jiménez Barrios considera que quienes deben dar las explicaciones son "las primerísimas espadas que corrieron a ponerse la medalla - refiriéndose al consejero de Presidencia, Elías Bendodo y al consejero de Economía, Rogelio Velasco-, que deben estar al tanto de las negociaciones, porque no han sido publicas. Los gaditanos merecemos una explicación".

El ayuntamiento de Cádiz, por su parte, ha señalado directamente a la Zona Franca, a quien ha achacado que haya pagado las obras de adecuación de la nave de Altadis.

La portavoz municipal, Ana Fernandez, ha lamentado que el fin del proyecto de Torrot sea "una espantada más, de las que estamos tristemente acostumbrados en Cádiz. Se repite la misma historia, se abona dinero público para una empresa privada que busca beneficios privados y, como ha pasado en este caso, ni siquiera se instala. Habrá que pedirle responsabilidades a quien arriesgó dinero publico para arreglar las naves".