El campo alicantino ve "buenas intenciones" en las medidas del Gobierno, pero no se fía

Alicante

El campo alicantino continuará con las movilizaciones si el Gobierno central no cumple con las medidas de urgencia aprobadas por el Consejo de Ministros para modificar la ley de la cadena alimentaria.

Para las asociaciones agrarias, este primer paquete de medidas, que entre otras cuestiones prohíbe la venta a pérdidas o endurece las sanciones por vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos, es insuficiente. Y, sobre todo, les genera incertidumbre cómo se van a llevar a cabo.

El portavoz provincial de la Unió de Llauradors en Alicante, Juan Miguel Montaner, cree que "se han quedado cortos" en cuestiones como la reforma fiscal o las bonificaciones para jóvenes agricultores, fundamentales para conseguir un relevo generacional en el campo que, de momento, "no existe". Por ello, considera que estas ayudas deberían aplicarse también con"carácter retroactivo".

No obstante, "las intenciones son buenas", afirma, aunque quedan muchos flecos por aclarar, como cuál será el precio base de los productos en cada eslabón de la cadena. Pone como ejemplo el aceite: "En unas zonas es industrial y en otras, medioambiental; uno es ecológico y otro no; uno es de regadío y otro no. Por eso no se puede fijar un precio estándar a no ser que pongas un precio estándar y subvenciones lo otro", explica Montaner.

Menos optimista es el presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, para quien las medidas anunciadas por el Gobierno son, de momento,"mentira".

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Son "promesas", como tantas otras, señala Aniorte, que este jueves mantendrá un encuentro con sus compañeros en Madrid para conocer de primera mano cómo van las negociaciones con el Ministerio de Agricultura. Si estas avanzan bien, apunta, pararán las movilizaciones. Pero de momento, no se fía.

Sí admite que, si las medidas se cumplen, "serán buenas", aunque insiste en que lo que realmente necesitan los agricultores es que España se haga fuerte en Bruselas porque es allí donde se toman las decisiones.

Además, insiste en que el sector no quiere subvenciones, sino que se pague a los agricultores unos precios justos por su trabajo y para ello es imprescindible "una ley de la cadena alimentaria que contemple la trazabilidad de los productos y que no se venda a pérdidas".