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La justicia investiga a Educación en el caso del niño con autismo maltratado en un colegio

Un juzgado de Leganés ha ordenado la apertura de diligencias previas tras la denuncia de la familia del menor contra varios responsables de la consejería de educación, entre ellos, Manuel Bautista, alto cargo de Ayuso

Manuel Bautista, director general de educación concertada de la Comunidad de Madrid / Partido Popular

Manuel Bautista, director general de educación concertada de la Comunidad de Madrid

La justicia ha dado el primer paso para investigar a la consejería de educación de la Comunidad de Madrid por la actuación de varios responsables de este departamento durante la anterior legislatura y denunciadas por la familia del niño con autismo que sufrió, presuntamente, malos tratos por parte de sus profesoras en un colegio de educación especial de Getafe. Un juzgado de Leganés ha abierto diligencias previas tras la demanda de los padres que acusan de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, al ex consejero Rafael Van Grieken, al ex director del área territorial sur de educación, Manuel Bautista (ahora director general de educación concertada), y a otros responsables de la inspección educativa.

La familia del menor sospecha que la Comunidad de Madrid y la consejería de educación intentaron tapar el caso con la elaboración de un informe 'express' encargado a la inspección educativa que exculpaba a las profesoras denunciadas por maltrato. Ese informe, según la denuncia, está plagado de irregularidades ya que se hizo 'de un día para otro', como confesó su propia autora en declaración judicial, sin hablar nunca con la familia del menor, la víctima, y sin escuchar apenas la mitad de las 23 horas de grabaciones del caso. Las grabaciones fueron la prueba de carga de la primera denuncia judicial de la familia contras tres trabajadoras del centro. Fueron conseguidas tras colocar un dispositivo oculto al niño durante varios días y en ellas se escucha los insultos y vejaciones que sufrió el pequeño por parte de profesores y personal auxiliar del colegio Santiago Ramón y Cajal.

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La familia ha puesto en manos del juzgado de Leganés esa investigación interna que suma otras irregularidades ya adelantadas por la Cadena SER. Se abrió cinco meses después de conocer los hechos por parte del centro educativo y se ordenó solo cuando la SER destapó la noticia. Ese mismo día, la inspectora del centro fue enviada al colegio para transmitir 'calma y apoyo' a las profesoras que en ese momento estaban siendo investigadas por otro juzgado por presunto maltrato al niño. El trabajo de esta inspectora había consistido en los meses previos en un par de visitas al centro en las que tampoco se reunió con la familia. Su trabajo se limitó en asesorar al equipo directivo sobre como manejar el caso.

Esta cadena de irregularidades ya se puso de manifiesto durante la instrucción de la denuncia por trato vejatorio. Una denuncia que el juez de primera instancia archivó de manera provisional y que está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado instructor instó a la familia a denunciar estas sospechas ante el juzgado correspondiente. Y es lo que han hecho. Los informes remitidos por la consejería de educación están ya en la mesa del juzgado número 3 de Leganés. El juzgado aprecia indicios de delito y ha dado traslado de los hechos al ministerio fiscal que ya está trabajando en el caso. La familia quiere sentar en el banquillo al ex consejero Rafael Van Grieken, al entonces director de educación en el sur de Madrid, ahora alto cargo del gobierno de Ayuso, Manuel Bautista, y a la inspectora educativa que elaboró el informe sobre el caso. Les acusan de prevaricación, trafico de influencias, falsedad documental y revelación de secretos.

 
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