Romaní declarará como investigado por los pagos al director de su tesis

Cádiz

El juzgado de instrucción número uno de Cádiz ha llamado a declarar como investigados al que fuera concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, y al profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén, dentro de la investigación judicial que trata de aclarar por qué esta empresa municipal abonó al menos 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE), dirigido por Guillén, por entonces director de la tesis de Romaní.

La magistrada-juez María del Carmen Fornell así lo pide en una providencia, a la que ha tenido acceso la SER, en la que detalla que la declaración de Romaní será el 18 de marzo y la de Guillén el 19. Además también llama a declarar en calidad de testigo a un técnico de Aguas de Cádiz, quien tendrá que comparecer media hora antes que Romaní.

El juzgado había acordado en mayo del pasado año rechazar el sobreseimiento de las actuaciones que habían pedido tanto Romaní como Guillén, en consonsancia con la opinión de la Fiscalía. La investigación se había iniciado tras una denuncia presentada por Aguas de Cádiz tras conocer que esta empresa pública, cuando Romaní era presidente, autorizó esos pagos con Romaní como presidente cuando el propio concejal ya había elegido a Guillén como director de su tesis universitaria.

El dinero pagado debió servir para realizar una investigación y celebrar unas jornadas por parte del OARSE, un observatorio dirigido por Guillén sobre responsabilidad social en empresas, precisamente, la materia sobre la que se refería la tesis de Romaní.

Aguas de Cádiz tenía una carta con membrete de la Universidad de Cádiz en la que Carlos Guillén se dirige a Romaní como presidente de Aguas de Cádiz para pedirle que financie un proyecto de investigación ya en marcha "sobre evaluación de responsabilidad social en el ámbito municipal y local" cuya duración era de un año y en la que participaba el OARSE y el "equipo de investigación oficial de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz". El título de esta investigación es muy similar al de la tesis de Romaní. Guillén aseguró que esa investigación costaba 43.000 euros.

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A pesar de que Guillén pedía dinero para el "equipo de investigación oficial" de la facultad gaditana, la UCA aclaró que “no constaba” en los archivos de la Universidad de Cádiz “documentación sobre el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social, ni contrato del profesor Carlos Guillén Gestoso con la empresa Aguas de Cádiz, desconociéndose todo extremo de los trabajos que hubieran podido realizarse."

Esa carta con membrete de la UCA se envía el 25 de enero de 2011. El 17 de febrero es Aguas de Cádiz la que se dirige por correo electrónico a Carlos Guillén para pedirle una factura o justificante de la Universidad para hacer efectivo el ingreso de 12.000 euros. En esa petición la empresa pública especifica que ese dinero servirá para "colaborar en su proyecto de investigación". Por tanto, Aguas de Cádiz pagaba para una investigación y no para unas jornadas, como intentó justificar Ignacio Romaní. El OARSE obtuvo dinero de Aguas de Cádiz en menos de un mes y por anticipado.

La empresa pública pedía un justificante de la UCA porque Guillén se dirigió inicialmente a Aguas de Cádiz con un membrete universitario. Justo un mes después, el 25 de febrero de 2011 Guillén volvió a dirigirse en otra carta a Aguas de Cádiz pero ya con membrete del OARSE y, en vez de pedir, 43.000 euros, sólo reclamó 12.000 euros para una investigación "para evaluar el nivel de conocimientos y nivel de prácticas de la responsabilidad social de empresas dentro del ámbito de las empresas de Cádiz". Es decir, por el título, una investigación muy parecida a la tesis de Romaní.

En 2012, un año más tarde, en otra carta Guillén, con membrete del OARSE, volvió a solicitar ayudas para la investigación, ahora por 10.000 euros. La empresa Aguas de Cádiz tiene constancia de que ambas cantidades se pagaron en 2011 y 2012, aunque no hubiese constancia de que esa investigación se hubiese realizado.

De hecho, según la versión de Romaní y Guillén esa investigación nunca se hizo. "Debido a los recortes económicos de aquella época la investigación que se iba a realizar se transformó en una auditoría solo de Aguas de Cádiz. Y la desarrollamos con datos de 2013 y 2014", explicó Guillén, quien negó en su día, por tanto, la existencia de una investigación de responsabilidad social sobre empresas de Cádiz que pudiera coincidir en temática con la tesis de Romaní. "Lo que hicimos nosotros no tiene nada que ver con la tesis de Romaní, que era mucho más amplia y abordaba otros aspectos. La tesis de Romaní la hizo él", defendió Guillén hace un año.

La auditoría realizada por el OARSE de Aguas de Cádiz finalizó en septiembre de 2014. Es decir, después de que Romaní defendiera la tesis. Guillén enseñó a la SER el documento impreso de aquel trabajo. Se trata de un informe de 66 páginas llamado "Memoria de Sostenibilidad e informe de auditoría externa de responsabilidad social de la empresa. 2014". Es un análisis pormenorizado de la situación de la empresa pública, con datos de 2013 y 2014. Finalizaba con una serie de puntos débiles y recomendaciones. "No tiene nada que ver con el trabajo del señor Romaní", insiste Guillén.

Sin embargo, esta investigación que ha mostrado Guillén a la SER no la tenía Aguas de Cádiz. No consta en el registro de entrada. Según la documentación de Aguas de Cádiz, la empresa pública pagó entre 2011 y 2012 por una investigación que, según Guillén, finalmente se finalizó en septiembre de 2014. Pero no entró por registro. No consta que los entonces responsables o técnicos de la empresa reclamaran por escrito esta auditoría desaparecida por la que abonó, al menos, 22.000 euros.

Los pagos al OARSE continuaron en 2013 y 2015, según esta documentación. Guillén volvió a reclamar por carta el dinero para su observatorio, pero, en esta ocasión, para justificar unas subvenciones para patrocinar y facilitar la organización de las jornadas anuales sobre responsabilidad social en Cádiz, a las que Romaní acudía como autoridad. Según la documentación de Aguas de Cádiz, el OARSE recibió 10.000 euros en 2013 y otros 10.000 euros en enero de 2015. En total, según Aguas de Cádiz, el OARSE recibió entre 2011 y 2015 un total de 42.000 euros, una cantidad similar a la que Guillén pidió en la primera carta con membrete de la UCA.

Romaní y Guillén tendrán que dar explicaciones sobre estos pagos el 18 y 19 de marzo respectivamente en calidad de investigados, con asistencia letrada y no tendrán obligación de decir la verdad en su legítima defensa.