ARCA rechaza ahora la mediación intrajudicial y exige la ejecución de los derribos
La asociación ecologista da marcha atrás y anuncia que no participará en el proceso de medicación anunciado hace unos días para las viviendas de Entrelindes, en Piélagos
Imagen de archivo de la última reunión que el consejero de Urbanismo, José Luis Gochicoa (tercero por la izquierda), mantuvo en enero con representantes de AMA para analizar el Plan de Derribos. / Raúl Lucio
Santander
Todo apunta a que se esfuma la posibilidad de encontrar una solución pactada, negociada, a los derribos de viviendas construidas de forma ilegal en Cantabria hace ya varias décadas. La vía de la medicación judicial como fórmula ejecutar la demolición que fue aceptada por la asociación ecologista ARCA se cae. El colectivo da marcha atrás y decide solicitar la ejecución íntegra de las sentencias judiciales sin más dilaciones.
En enero, todas las partes implicadas aceptaban la vía de la mediación intrajudicial para asegurar el cumplimiento de la sentencia que obliga al derribo de 20 viviendas unifamiliares en Entrelindes (Piélagos). Viviendas construidas de manera ilegal, pero que ocupan suelo que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que tramita el municipio califica como urbanizable.
Todas las partes implicadas aceptaron en el juzgado esta vía de la mediación: lo aceptó el Ayuntamiento de Piélagos, también los afectados, el Gobierno de Cantabria hizo lo mismo y, por último, también aceptó ARCA como colectivo que denunció hace ya muchos años que estas viviendas fueron construidas de forma ilegal.
Una mediación pensada, efectivamente, para ejecutar los derribos, para cumplir las sentencias. Pero las administraciones confiaban en que este proceso permitiera ganar tiempo hasta la aprobación del Plan general de Piélagos.
Pero este lunes, el colectivo ecologista anunciaba a través de un comunicado que ya no apoya esta vía de la medicación. Precisamente por eso, porque es -dice ahora- una maniobra para ganar tiempo y evitar la acción de la Justicia.
La organización exige el cumplimiento estricto -señala- de todas las sentencias de demolición sin distinción: que se derriben sin más dilaciones todas las viviendas, independientemente de que, como es el caso de Entrelindes, se puedan volver a construir en el mismo sitio una vez que se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
La decisión que toma ahora ARCA obliga a mover ficha a los tribunales de Justicia, que son los que deben acelerar la ejecución material de la sentencia que obliga a la demolición de estas viviendas.
Esta decisión de ARCA tiene un alcance mayor que el caso de las 20 viviendas de Piélagos. Porque el posible éxito de la mediación intrajudicial podría suponer una vía de escape para evitar el derribo de buena parte de las más de 360 viviendas ilegales que están construidas en suelos que pueden ser legalizados con nuevos planeamientos urbanísticos.
Fermín Mier
Formado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, soy el director de Contenidos...
