La Ley de igualdad y no discriminación entra en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos
La norma elimina la obligación de que las personas trans se tengan que someter a tratamientos psicológicos para efectuar su tránsito
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Tenerife
Los 14 colectivos LGBTI de Canarias han registrado este martes una Proposición de Ley de igualdad social y no discriminación en el Parlamento autonómico que complemente a la normativa aprobada en 2014. Es un texto que cuenta con el apoyo expreso de todos los grupos de la Cámara y que previsiblemente se convertirá en pionera en el país, especialmente en el ámbito sanitario.
Con los nueve puntos cardinales de los que consta, las administraciones se comprometen a perseguir las conductas discriminatorias y permitir que las personas trans sean llamadas por su nombre y sexo sentido independientemente de los que establezca su DNI. En este sentido, la portavoz de la plataforma, Marcos Ventura, ha asegurado que la ley se vertebrará en torno a los principios de autodeterminación del género y la despatologización: "Los tránsitos de las personas deben ser de la forma en que ellas consideren, no de la forma en que un profesional cree que debería ser".
La nueva normativa incluye, asimismo, tres aspectos transgresores y vanguardistas en el país: la necesidad de integrar y visibilizar a las personas no binarias; la prohibición, por primera vez hasta la fecha, de las unilaterales mutilaciones genitales que se practica a las personas intersexuales que "no se harán hasta que tengan edad suficiente para decidir", ha insistido Ventura; y la eliminación de la obligatoriedad de tener que seguir un tratamiento psicológico durante la transición.
Marcos Ventura ha apuntado además que esta es una norma que no irá acompañada "de una gran ficha presupuestaria" e intentará paliar los efectos también de la doble insularidad: "queremos que no se tengan que desplazar de isla para buscas recetas o recibir hormonas".
La nueva ley de igualdad canaria chocará, no obstante, con las deficiencias de la normativa estatal, que sujeta a la Ley de Registro Civil lastra el enrocamiento de los cambios de nombre para las personas trans. Al respecto, la plataforma espera que los documentos de índole nacional puedan emular el texto autonómico.
