12.000 personas demandan vivienda en Sevilla
La mayoría jóvenes que no alcanzan el salario mínimo interprofesional
Juan Manuel Flores y el director gerente de Emvisesa, Felipe Castro.Imagen de Archivo / Ayuntamiento de Sevilla
Sevilla
En la actualidad en el registro de demandantes de vivienda hay casi 12.000 inscritos. Son en su mayoría unidades familiares de un sólo miembro, sobre todo jóvenes, que viven con sus padres y que no alcanzan los ingresos mínimos interprofesionales. Proceden en su mayoría de Cerro Amate y Pino Montano y prefieren el alquiler con opción a compra.
Emvisesa prevé construir mil viviendas protegidas hasta 2023 a las que se suman otras mil, cupos de promociones privadas, que se ofrecen con alquileres asequibles gracias a acuerdos de la empresa municipal.
El problema de la vivienda sigue existiendo en Sevilla aunque los demandantes, normalmente, en dos años, desaparecen de las listas de Emvisesa.
La mayoría de las viviendas de Emvisesa se adjudican mediante el registro de demandantes, aunque algunas promociones tienen su convocatoria específica. Es el caso de ocho viviendas en Sevilla Este y Pino Montano que ha recibido 1.400 solicitudes.
La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha atendido en sus cuatro años de vida a 10.000 personas. De ellas, casi mil 400 están en situación de riesgo de quedarse sin hogar. La mayoría por no poder pagar, y otros tanto por no saber gestionar la ocupación ilegal de una vivienda o no poder asumir el pago del préstamo.
Más de la mitad eran viviendas de bancos y el resto de particulares. La oficina ha realizado labores de asesoramiento y mediación y ninguno de los 779 casos que han acabado en trámites judiciales, 214 alzamientos, han llevado a los inquilinos a la calle.
La oficina ha resuelto la situación a 261 familias en emergencia habitacional, ha concedido ayudas de más de 12 millones de euros para pagos de rentas, alquileres, hipotecas o pequeñas reformas, ha cerrado nueve permutas de realojo a personas mayores que vivían en inmuebles de plantas altas sin ascensor y han impuestos 86 sanciones a inquilinos de viviendas públicas por problemas de convivencia. A veinticuatro de ellos se les ha resuelto el contrato y han tenido que dejar sus viviendas, para normalizar la convivencia en la comunidad.
