La Comunidad de Madrid elaboró un informe 'de un día para otro' para negar el maltrato a un niño con autismo

Madrid

El caso de presuntos malos tratos a Eduardo, un niño con autismo, en un colegio público de educación especial de Getafe, el CEE Santiago Ramón y Cajal, no deja de sumar irregularidades. La última ha llevado a la familia a abrir un nuevo frente judicial, en este caso, contra la consejería de educación por el informe que encargó sobre estas supuestas vejaciones después de que la Cadena SER publicara que la justicia había imputado a tres trabajadoras de este centro por maltrato al menor. La familia ha presentado una denuncia ante un juzgado de Leganés en la que pide que sean investigados la inspectora que elaboró el informe, el jefe del servicio de inspección educativa del sur de Madrid, el entonces director de la DAT-Sur de la consejería de educación, Manuel Bautista, y el máximo responsable en 2018 de la consejería, Rafael Van Grieken. La denuncia exige que se les imputen los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y revelación de secretos.

La investigación fue 'express' como la ha definido la madre de este menor. La noticia se publicó el 18 de abril de 2018, el día 19 de abril se abrió una información reservada que al día siguiente, el 20 de abril, ya estaba finalizada. La Cadena SER ha tenido acceso a la declaración judicial como testigo de la inspectora educativa a la que se encargó esa investigación interna. Esta docente reconoció ante el juez que el director del área territorial Madrid Sur de la consejería, Manuel Bautista -ahora, alto cargo del gobierno de Ayuso donde ocupa el puesto de director general de educación concertada- la puso al frente de manera discrecional de esa información reservada que hizo 'de un día para otro'. Así se recoge, tal cual, en el acta de su declaración.

En 24 horas la inspectora encargada tenía ya el informe completado sin haber escuchado todas las grabaciones del caso -que fueron recogidas por la familia tras colocar al menor un dispositivo oculto-. Por falta de tiempo, según la declaración de la inspectora, solo escuchó la mitad de las 23 horas de grabaciones del sumario. Tampoco se entrevistó con todas las trabajadoras del colegio que en ese momento ya tenían calidad de investigadas, solo habló con las dos profesoras del niño, y tampoco se reunió con la familia del menor supuestamente maltratado. Su trabajo se limitó a una visita al colegio y a una investigación de un día que concluyó que no había indicios de hostigamiento al alumno. La familia pidió al magistrado que no admitiera este informe por las irregularidades que habían detectado pero el juez les conminó a presentar la denuncia por estos hechos ante el correspondiente juzgado.

"La inspectora escuchó de 6 a 8 horas e hizo el informe en 24 horas, se entrevistó con dos de las imputadas, con la tercera no, con la familia por supuesto tampoco, por tanto ese informe está cojo lo mires por donde lo mires", asegura Montse, la madre de la víctima, en la Ventana de Madrid. La familia ha recurrido el archivo provisional de la causa que a mediados de diciembre dictaminó el juez de Getafe encargado del caso. En ese recurso acusan al magistrado de vulnerar su derecho a una tutela judicial efectiva. La familia lamenta que en dos años, desde que denunciaron los presuntos malos tratos, nadie de la Comunidad de Madrid se ha puesto nunca en contacto con ellos, ni lo hizo la inspectora que investigó la denuncia, ni nadie más. "Nadie nos ha llamado para preguntar cómo está Eduardo", afirma Montse.