Suspendido el juicio contra el 'falso' odontólogo al retractarse un testigo de su denuncia
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de intrusismo y pide una multa de 9.000 euros
Momento del juicio celebrado esta mañana. / E.P.
Gijón
El juicio contra un supuesto falso odontólogo ha quedado suspendido hasta el próximo lunes después de que una testigo no se presentara y el otro que testificó se retractara de la denuncia que había interpuesto en su día en la Policía.
Durante la vista oral, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, el hombre, que está acusado de hacerse pasar por odontólogo en una clínica que montó en un piso de Gijón, ha negado los hechos y ha asegurado que él se dedicaba a vender material protésico odontológico. La Fiscalía, en cambio, pide para él una multa de 9.000 euros.
El testigo que le había denunciado, ha cambiado su versión al recalcar que al principio pensó que era el dueño, ya que era quien le había llevado hasta la clínica donde le arreglaron la boca, en la plaza de Europa. Durante el juicio ha negado, pese haberlo plasmado así en su denuncia, que hubiera sido recibido en la clínica por el procesado y su mujer durante las citas semanales que acudió durante su tratamiento, del que ha asegurado haber quedado satisfecho.
Sin titulación necesaria
De acuerdo al relato fiscal, el acusado tenía acondicionada una habitación como clínica dental en un piso de Gijón donde, al menos durante el año 2018, realizaba actividades propias de esta profesión sanitaria pese a carecer de la preceptiva titulación académica válida para ello, pues ni está licenciado o graduado en odontología, ni en medicina o cirugía-estomatología.
Entre otros pacientes, atendió a una mujer que, tras conocer por una amistad la existencia de esta clínica con unos precios asequibles y desconociendo la falta de habilitación del acusado, acudió a la misma por un problema de movilidad de una pieza dental. El acusado le indicó que era preciso su extracción y la colocación de un implante, a lo que ella accedió, procediendo el acusado a su ejecución.
Para su abono, la mujer ingresó en la cuenta designada por el acusado 100 euros al mes hasta noviembre de 2018, momento en el que cesó la actividad de la clínica tras la detención del acusado. La mujer reclama 600 euros en total.
En las mismas condiciones atendió a otro paciente, iniciando el 24 de julio de 2018 un tratamiento de extracción de piezas y colocación de cuatro implantes, por los que percibió 2.800 euros hasta la suspensión del tratamiento. No obstante, este perjudicado no hace reclamación alguna al haber sido indemnizado por el acusado.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de intrusismo y ha solicitado que se condene al acusado a la pena de multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros (9.000 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
