La Fiscalía pide inhabilitar 9 años al exalcalde de Navalcarnero por prevaricación
Los hechos se juzgarán este martes en la Audiencia de Madrid
Baltasar Santos, exalcalde de Navalcarnero / Ayuntamiento de Navalcarnero
Móstoles
La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Navalcarnero (Madrid) del PP Baltasar Santos por supuesto delito de prevaricación al poner en marcha en 2004 unas obras en distintas zonas del casco histórico declarado bien de interés cultural.
La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para este martes el juicio de Baltasar Santos González, que se sentará en el banquillo junto con la entonces interventora municipal, para quien el Ministerio Público pide la misma pena, informa la Fiscalía.
Ambos están acusados de poner en marcha en 2004 una serie de obras situadas en distintas zonas del centro del pueblo sin la previa autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía uno de los proyectos, con un presupuesto de alrededor de un millón de euros, consistía en la construcción, consolidación y posterior interconexión de una serie de cuevas bajo el subsuelo de la plaza de Segovia.
Añade que "con un simple informe que no puede alcanzar la consideración de proyecto de obra el exalcalde aprobó la adopción de las medidas necesarias para llevarla cabo dando también el visto bueno al gasto por el importe presupuestado".
La Fiscalía subraya que el acusado "pese a tener conocimiento de las irregularidades y de que se estaban incumpliendo los trámites legales y actuando en claro fraude de ley, presentó el informe como si de un proyecto de obra se tratara e interesó su aprobación a la Junta de Gobierno".
También aprecia responsabilidades en la otra acusada, ya que en su condición de interventora municipal "faltó a su deber de control y fiscalización no emitiendo informes negativos ni cuestionando o poniendo en duda la legalidad de las obras pese a las claras irregularidades de las que tuvo conocimiento".
"Además, durante todo el periodo de ejecución de la obra no se aplicaron los procedimientos habituales en los pagos a los proveedores", agrega.
El fiscal relata que "a sabiendas ambos acusados de que estaban incumpliendo los procedimientos optaron por fraccionar los pagos creando una ficción de contratación menor o adjudicación directa, una práctica prohibida porque lo que se pretende es disminuir la cuantía de un contrato para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación aplicable".
Por otra parte, explica que el segundo proyecto consistía en la rehabilitación de varios espacios del casco histórico así como la reconstrucción y nueva construcción de pilones en los caminos.
Recuerda que en su reunión del 28 de julio de 2004 la Junta de Gobierno local, a propuesta del entonces alcalde, aprobó este proyecto "tras haber sido informado solo verbalmente en sentido favorable y no por escrito por la interventora".
"El resultado final fue que las obras acabaron con un notable retraso respecto del plazo inicial sin que ninguno de los acusados exigieran a las empresas las penalizaciones o indemnizaciones que pudieran corresponderles por una demora imputable a las mismas en la ejecución", señala la Fiscalía.
Y añade que "como en el caso anterior no se aplicaron los procedimientos establecidos en los pagos a proveedores y de nuevo fueron fraccionados".
La Fiscalía también les acusa por el proyecto de convenio con la Diócesis de Getafe (Madrid), que se desarrolló entre 2004 y 2011 para construir con cargo al Ayuntamiento casas parroquiales inicialmente presupuestadas en 2.105.000 euros y que contenía una gran cantidad de irregularidades, lo mismo que otro cuyo objetivo era la rehabilitación de la capilla de la ermita de Santa Águeda.
