Tribunales
Caso La Loma

Juantxu Bazán advirtió a Muguruza de ilegalidades en La Loma

El director de la Escuela Taller dice que también avisó a técnicos de Castro Urdiales y no se pararon las obras

JUantxu Bazán, director de la Escuela Taller de Castro Urdiales. / Cadena SER

Castro Urdiales

El director de la Escuela Taller de Castro Urdiales, Juantxu Bazán, ha asegurado que, en octubre de 2008, advirtió al entonces alcalde, Fernando Muguruza, y a técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento, de posibles "ilegalidades" sobre el carril-bici y las zonas verdes previstas en La Loma sin que ello diera lugar a la apertura de ningún expediente de restauración de la legalidad o a la paralización de las obras de urbanización de la zona.

Así lo ha afirmado Juantxu Bazán en su declaración como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades urbanísticas de La Loma, ratificándose así en las afirmaciones realizadas en 2010 ante el juez instructor de la causa, Luis Acayro Sánchez, en las que aseguraba que Muguruza "conocía las ilegalidades y no paró las obras, no sabe por qué".

"Las conocía a ciencia cierta", ha vuelto a afirmar Bazán a preguntas del letrado de Muguruza en su declaración en este juicio. El director de la Escuela Taller, uno de los fundadores en 2003 de la asociación ciudadana Otro Castro es Posible y en 2011 del partido político CastroVerde, ha explicado que, como responsable de la Escuela era, en el momento en que sucedieron los hechos que ahora se juzgan, el encargado del Ayuntamiento de un programa que tiene como objetivo la recuperación de los antiguos trazados de ferrocarril minero en el municipio y su conversión en vías verdes.

A raíz de ello, Juantxu Bazán ha relatado que fue autorizado por Fernando Muguruza para ocuparse e intervenir en la buena implantación del carril-bici y de las vías verdes en las áreas que se estaban desarrollando urbanísticamente; y ha señalado que ya en 2003, al conocer que se estaba poniendo en marcha el plan parcial del sector SUNP-12, advirtió en una comisión municipal de que, por dicho sector, discurría parte del antiguo trazado ferroviario y reclamó que el carril-bici que se planteaba ejecutar sobre él "debía respetarse" ese mismo trazado, algo que, según se le respondió, "ya se estaba haciendo" pero que finalmente no ocurrió cuando se llevaron a cabo las obras.

Según su declaración en el juicio, cuando en 2007 comenzaron los trabajos de urbanización del SUNP-12 observó que había un desplazamiento de la vía verde respecto al trazado original, algo que, sin embargo, entendió entonces que estaría "justificado" en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio y en el propio Plan Parcial del sector, si bien posteriormente descubrió que no era así.

Además, apreció durante su presencia en las obras que la zona verde proyectada en el Plan Parcial del SUNP-12 en la realidad se había "esfumado" y "volatilizado", algo que desde la dirección de la obra se le justificó por la exigencia hecha por la Demarcación de Carreteras del Estado de efectuar un retranqueo para no invadir dominio público.

En su declaración en el juicio, ha explicado que de todo esto dio cuenta al alcalde, Fernando Muguruza, y a técnicos del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento en una reunión en octubre de 2008, en la que, según ha dicho, también estuvo presente la entonces secretaria municipal Paula Albors.

Ha explicado que, fruto de esas advertencias, el alcalde Fernando Muguruza ordenó que se hablara con los responsables de la obra para "discernir" sobre esa cuestión. Aunque Bazán ha reconocido que entonces Muguruza mostró "respaldo" a sus apuntes y gestiones en ese asunto, ha insistido en que no ordenó paralizar la actuación ni la apertura de ningún expediente de restauración de la legalidad.

"Yo observé a un alcalde preocupado por lo que se le estaba echando encima", ha dicho Bazán, que ha asegurado que le dio la "sensación" que Muguruza estaba "absolutamente abrumado" e "insuficientemente asistido" y "no sabía qué decisión tomar".

Sin embargo, ha insistido que no ordenó parar las obras, ni abrió expediente de restauración de la legalidad, cuando a su juicio esa orden sí le competía a él. "Los servicios técnicos informan y proponen y el alcalde dispone", ha dicho a preguntas del letrado del exregidor, que es uno de los imputados en esta causa.

 

 
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