Almeida rechaza aplicar medidas penales a conductores que se salten el protocolo anticontaminación

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, rechaza la sugerencia del coordinador de fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, y se muestra reticente a emplear el Código Penal para reforzar la lucha contra la contaminación. Vercher, según ha aldelantado este martes El País y ha confirmado la SER, envió un escrito al alcalde en el que señala que cree posible perseguir por la vía penal a los conductores de vehículos altamente contaminantes que no respeten las medidas de restricción de tráfico durante un episodio de alta contaminación. Pero el regidor madrileño dice tener como vía preferente la "disuasión" y señala que aparcará las medidas penales, aunque, dice, reflexionará al respecto.

La intención del fiscal es la de llevar el reproche más allá de la mera sanción administrativa, la multa, que ahora recibe quien viole las normas anticontaminación. En opinión de Vercher, el artículo 325 del Código Penal que recoge los delitos contra el medio ambiente sería aplicable en estos casos en virtud de una interpretación más amplia para atajar un problema con una "muy negativa incidencia en la salud pública", señala en su escrito. El 325 del Código Penal recoge, de hecho, que "se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado" en caso de que el delito suponga un riesgo grave para la salud de las personas.

Vercher se muestra partidario de actuar con contundencia contra los conductores o titulares de vehículos e incluso propone organizar patrullas policiales de control de tráfico durante los episodios de alta contaminación. El alcalde, en todo caso, está dispuesto a sentarse con la Fiscalía para abordar este asunto pero la idea es evitar la aplicación del derecho penal. Almeida dice ofrecer "colaboración total y absoluta", pero añade que "en relación con esa medida en concreto nuestra vía preferentes es la de la disuasión, de prevención, renovación de la flota automovilística y en general de evitar la aplicación del derecho penal.

Aunque el regidor no o ve con buenos ojos que el uso del transporte privado en episodios de alta contaminación pueda convertirse en un delito, abre la puerta a hablar con la Fiscalía "con carácter de reflexión, por lo menos, cualquier otra medida que pudiera mejorar la aplicación del protocolo anticontaminación".