Tribunales
Caso La Loma

"Santullán defiende a capa y espada los intereses públicos en La Loma"

El pedáneo Julián Revuelta declara como testigo ante la Audiencia Provincial de Cantabria

El juicio de La Loma se celebra en la Audiencia Provincial. / Cadena SER

Castro Urdiales

El alcalde pedáneo de Santullán y concejal del PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Julián Revuelta, ha declarado como testigo en el juicio del caso La Loma ante la Audiencia provincial, donde ha reivindicado que la Junta Vecinal, que ejerce la acusación particular, está "defendiendo a capa y espada los intereses públicos" del pueblo, y también el interés del Ayuntamiento.

Así lo ha señalado en respuesta al abogado del Ayuntamiento de Castro, quien ha reprochado a Revuelta que la indemnización por importe de 200.000 euros que la Junta Vecinal reclama en este proceso -por daños en caminos- "le puede causar un perjuicio de 24,6 millones de euros al Ayuntamiento, al que usted también pertenece", le ha espetado.

Esa es la cuantía de la indemnización que solicita al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario Altamira Santander Real Estate, en el caso de que se declare la nulidad del plan parcial, el proyecto de urbanización y el de compensación del SUNP 12, que es lo que piden la Fiscalía y la Junta Vecinal por irregularidades en su tramitación.

También solicitan la nulidad de las licencias de 46 chalets construidos al amparo de esos instrumentos por Vallehermoso -ahora propiedad de Altamira-, así como su demolición, con la diferencia de que la Fiscalía sí pide la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento y la Junta Vecinal no.

Revuelta, que ha declarado durante más de tres horas, ha defendido que la Junta Vecinal de Santullán, que preside desde 2003, está defendiendo el interés del Ayuntamiento, y ha señalado que cuando Altamira adquirió esas parcelas y viviendas "ya sabía en qué proceso se estaba metiendo y que esos terrenos estaban judicializados".

La denuncia de la Junta Vecinal por la invasión de unos caminos de su propiedad durante la ejecución de las obras del SUNP 12 en el año 2006 fue la que dio origen a la macrocausa de La Loma, instruida por el juez Luis Acayro Sánchez, entonces titular del juzgado número 2 de Castro Urdiales.

 

 
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