Se acumulan las demandas contra el "cártel de los fabricantes de camiones"
Un año después de la primera sentencia en Euskadi que estimaba un sobrecoste del 15% en 17 vehículos, la presidenta de la Audiencia de Bizkaia revela en la SER que el principal problema de estos procesos es técnico "porque los demandados no son españoles"
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Bilbao
Fue hace un año cuando el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, Marcos Bermúdez, condenó a Iveco y CNH (pertenecientes al grupo Fiat) a pagar a Eulen un sobrecoste del 15% por 17 vehículos. En total, la condena rondaba los 106.000 euros, a la que sumar cerca de 70.000 euros por el interés legal del dinero desde la fecha de la compra (lo que aproximadamente eran algo más de 10.000 euros por camión). Este procedimiento, uno de los miles en el Estado y Europa, partieron de la multa que impuso la Comisión Europea en 2006 a los seis principales fabricantes de camiones (DAF/Daimler, Mercerces, Iveco, Volvo/Renault, Scania y MAN, éste último indultado por su denuncia). Les impuso un castigo inédito, de 2.926 millones de euros, por pactar los precios de venta de los vehículos entre 1997 y 2011. A raíz de esta sanción, se interpusieron demandas en los juzgados de toda Europa, reclamando indemnizaciones por el sobrecoste pagado y esta sentencia en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao fue la primera en Euskadi.
Actualmente, estos Juzgados de lo Mercantil están señalados por su sobrecarga y, en Sala de Gobierno, se ha demandado ya un Juzgado más en Bilbao (actualmente hay dos). La presidenta de la Audiencia de Bizkaia, Reyes Goenaga, asegura en la SER que "esta causa no ha empeorado la situación", a lo sumo, supone un elemento más de sobrecarga en unos Juzgados que triplican actualmente la media de asuntos que deberían llevar. Respecto a las demandas concretas contra lo que se denomina "cártel de los fabricantes de camiones", Goenaga asegura que el principal problema es técnico "porque los demandados no son españoles, sino que normalmente son empresas extranjeras, lo que complica su tramitación" y es que no es lo mismo citar a alguien en el territorio nacional si su residencia es otra, de ahí que estos procesos se alarguen en el tiempo.
Actualmente, dice Goenaga, "las demandas no representan una avalancha" y suman una veintena entre los dos juzgados de Bilbao.
