La fiscalía pide cuatro años de cárcel para Olivas y Parra por falsedad contable en Banco de Valencia
José Luis Olivas y Domingo Parra en imágenes de archivo / EFE
Valencia
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas y el ex consejero delegado Domingo Parra por presunta falsedad contable entre 2009 y 2010, y acusa también a otras doce personas. Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.
Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a otras doce personas, entre ellos el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.
Pese a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva marcada por el Consejo de Administración del banco e implementada por su consejero delegado -Domingo Parra- se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su "escasa prudencia y elevado riesgo".
Ante "reales" malos resultados del ejercicio 2009 se optó por efectuar una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.
Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización del valor de los mismos.
Asimismo, prosigue la Fiscalía, pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones conforme a la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en connivencia - en ocasiones- con directivos y empleados.
Parte de ellas han sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.
Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la imagen fiel, pues se basaban en ajustes contables dirigidos a "maquillar" tales resultados.
