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El juzgado 2 de Aranda abre diligencias por la concesión de la licencia de apertura de la Plaza de Toros tras una denuncia de la Fiscalía

.El ministerio público presenta denuncia por presunta prevaricación contra el concejal de Urbanismo y otras personas "que hubieran tomado parte en esta decisión" sin precisar su identidad

.El juzgado ha citado como testigo a un técnico municipal sin haber decidido aún investigar a ninguna de las personas presuntamente implicadas

Cadena SER

Aranda de Duero

El juzgado número dos de Aranda ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia de la Fiscalía por presunta prevaricación en la concesión de licencia de apertura a la Plaza de Toros. La denuncia se dirige contra el concejal de Urbanismo y “otras personas –cuya identidad no está concretada en la denuncia- que hubieran tomado parte en la decisión” según informa la Oficina de Comunicación de la administración de Justicia en Castilla y León.

La decisión del ministerio público responde a su vez a la denuncia presentada ante este organismo hace unos meses por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros. En ella el colectivo ciudadano argumenta que los cuatro ediles que otorgaron la mencionada licencia de apertura durante una Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014 cometieron un presunto delito de prevaricación al haber ignorado informes municipales que contenían reparos a esta decisión y advertencias de su posible irregularidad. En dicha Junta de Gobierno, además del mencionado concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, participaron también con su voto favorable a la licencia de apertura de la plaza de Toros la alcaldesa de Aranda, entonces y ahora, Raquel González y dos concejalas que ya no forman parte de la actual corporación, Azucena Esteban y María Ángeles Marín, todos ellos del entonces equipo de gobierno del Partido Popular.

Desde la Oficina de Comunicación de la administración de Justicia informan de que el juzgado ha llamado a declarar como testigo “al arquitecto municipal” y puntualizan que, de momento, no hay ninguna persona investigada por este asunto. Será tras escuchar al mencionado testigo cuando la titular del juzgado decidirá cómo actuar: “el Juzgado decidirá si toma declaración en calidad de investigados a las personas señaladas por la Fiscalía, si acuerda la práctica de otras diligencias o si sobresee la causa.”

 
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