IU reabre el debate sobre la enseñanza religiosa financiada con fondos públicos

Aranda de Duero

Es una propuesta que elaboró el pasado mes de noviembre el Área Federal de Educación de esta formación política para registrar en los parlamentos autonómicos, ayuntamientos e instituciones locales donde tiene representación y que incluye todo un decálogo de medidas a solicitar a los gobiernos autonómicos y estatal, entre las que destaca que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras subsistan, tengan carácter estrictamente subsidiario.

La iniciativa se basa en la idea de que la Constitución española establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos. Jonathan Gete, concejal de IU, explica que lo que va esta noche a pleno es la antítesis de la declaración institucional en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución que presentó el 12 de diciembre el grupo Popular y que en lo que compete al Ayuntamiento, plantea que no pueda destinar suelo de propiedad municipal para centros escolares privados. “El PP pretendía proteger la educación religiosa dentro de la escuela pública y nosotros todo lo contrario: creemos que la libertad religiosa en este país hay que protegerla, pero el que quiera tener una educación religiosa se la tiene que pagar y no tiene que ser dentro de la escuela pública, que tiene que mirar otras cosas, puesto que la religión no es lo más importante España, uno de los países de Europa con más centros concertados y centros privados y creemos que eso tiene que cambiar”, manifiesta Gete, que añade que “la educación concertada al final se quedó en los años 80 por la falta de escuelas públicas nacionales y se hizo como una solución pero no como un fin; por eso hemos presentado esta moción, con la que pretendemos que la educación sea pública y se vaya eliminando poco a poco la educación concertada”.

En definitiva, el conjunto de propuestas que abarca esta moción se concreta en este decálogo:

1. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se garanticen plazas públicas suficientes en los nuevos desarrollos urbanísticos, mediante la cesión de suelo público para la creación y apertura de centros escolares de titularidad y gestión pública.

2. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se revise la normativa sobre conciertos educativos de modo que, mientras subsistan, éstos tengan carácter estrictamente subsidiario.

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3. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que, en los procesos de renovación de conciertos vigentes, se supriman todos aquellos que no se justifiquen por existir plazas públicas vacantes. Se establecerán los mecanismos normativos y protocolos administrativos para que no se produzca el cierre de líneas de escuelas públicas en aquellas zonas donde simultáneamente se mantengan conciertos con la enseñanza privada.

4. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que adopten las medidas oportunas para lograr una red única de centros públicos educativos, a través de la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en la red de centros públicos, incorporando en primer lugar a los colegios privados-concertados que ocupan suelo público.

5. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma, mientras se suprimen los conciertos, para que en ningún caso se pueda destinar suelo municipal para centros escolares privados de ningún tipo. El suelo público sólo para la enseñanza pública.

6. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se elimine automáticamente el concierto educativo a todos los centros que segreguen por sexo, estableciendo normativas específicas para que ningún tribunal pueda amparar la segregación y la desigualdad.

7. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que se asegure como prioridad la existencia de una enseñanza pública con recursos y de calidad en todos los ciclos y que cubra todas las necesidades desde los 0 años.

8. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que haya procesos de escolarización transparentes, democráticos y que cuenten con la participación de los agentes sociales. Se establecerán mecanismos normativos y sistemas de inspección educativa que los apliquen desde las Direcciones Provinciales, a través de comisiones de escolarización centralizadas (por municipios o distritos escolares), que organicen una adecuada y equitativa escolarización, prestando especial atención a la escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas y de compensación educativa, tanto en los centros públicos como en los privados concertados, mientras existan.

9. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para la eliminación del distrito único en aquellas poblaciones donde exista, pues aumenta las desigualdades en los sistemas educativos al aglutinar en centros a la población por status socioeconómico o por criterios ideológicos afines al ideario del centro, impidiendo el ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a la educación.

10. Instar al Gobierno de España y a nuestra Comunidad Autónoma para que, mientras se suprimen los conciertos, se establezca la obligatoriedad de solicitar en primera opción de matriculación el menos un centro público educativo para las familias que deseen que sus hijos o hijas estudien en un centro de la red sostenida con financiación pública.