El Jurado declara culpable al ex gerente del Consorcio de Bomberos acusado de malversación
Según recoge la calificación del Fiscal, como gerente y tesorero del Consorcio dispuso en su favor "de forma irregular" de 610.280 euros de fondos públicos durante el período en que ejerció con tales funciones
Cadena Ser
Córdoba
El jurado ha declarado culpable al ex gerente del Consorcio Provincial Bomberos de la Diputación de Córdoba por delitos de malversación continuada de caudales públicos y falsedad continuada durante la etapa que va de los años 2001 a 2012, mientras que ha declarado inocente al ex jefe de Contabilidad y Administración del Consorcio.
A la espera de que el magistrado presidente de este tribunal, José Francisco Yarza, dicte sentencia para conocer la condena que se le impone al condenado, según Diario Córdoba.
La Fiscalía pedía penas de ocho y seis años de cárcel, así como inhabilitación absoluta por un tiempo de 20 y 15 años, respectivamente, mismas penas que ha solicitado la Diputación al adherirse al escrito del Ministerio Público.
Según recoge la calificación del fiscal, A.N. como gerente y tesorero del Consorcio dispuso en su favor "de forma irregular" de 610.280 euros de fondos públicos durante el período en que ejerció con tales funciones
En concreto, entre enero de 2007 y marzo de 2012 realizó desde la cuenta del Consorcio Provincial a su cuenta personal un total de 46 transferencias por valor de 310.891 euros sin justificante que sirvieron para "aumentar el patrimonio personal del acusado". Según el fiscal, no consta la devolución al ente público de alguna de las cantidades.
Entre abril de 2001 y julio de 2006, el exgerente ingresó en su cuenta personal otros 127.860 euros "en concepto de 2.090 horas extraordinarias no realizadas o indebidamente cobradas". Dichas horas extra no le correspondían a su cargo. De 2000 a 2012, A.N. supuestamente transfirió a su cuenta personal desde la del Consorcio otros 95.414 euros "en concepto de anticipos reintegrables o quincenales de nóminas", que "no devolvió, ni compensó".
Asimismo, el Ministerio Público ha detallado que "de manera injustificada, dio de baja en la contabilidad del ente el derecho a percibir las sumas anticipadas", de modo que "no aparecía como deudor de Consorcio".
Igualmente, entre 2010 y 2012, el procesado efectuó una serie de pagos por importe de 76.113 euros, "desde la cuenta del ente público a su cuenta personal, que no disponen de factura asociada o identificada". Según el fiscal, figuraba como destinatario de los pagos la empresa encargada de la limpieza de los parques de bomberos, pero "el pago se realizaba en la cuenta personal del acusado y no del proveedor del servicio".
Al respecto, el procesado "hacía coincidir los importes de las transferencias con los de las facturas que abonaba a la empresa e igualmente la denominación de las anotaciones contables de forma que duplicaba los pagos", siendo el destino final de la suma la cuenta particular del acusado, según se expone en la calificación.
En este sentido, el fiscal apunta que las conductas del gerente fueron "conocidas y permitidas" por el otro acusado en su calidad de jefe de Contabilidad del Consorcio en esa época, de modo que remarca que "de haber realizado sus funciones, premeditadamente omitidas, ninguno de los hechos se hubieran realizado o al meno no hubieran continuado durante tanto tiempo o bien se hubiesen podido tomar las medidas oportunas para que no sucediera y exigir las responsabilidades incurridas por tales acciones".
En febrero de 2016 el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba impuso una fianza de 830.000 euros al ex gerente al que la propia institución provincial acusaba de la presunta comisión de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, por supuestamente repercutir directamente en su cuenta particular "un volumen inmenso de transferencias" dirigidas al citado Consorcio de Bomberos, que sumaron 626.540,68 euros.
La mencionada fianza no tenía como objetivo que el exgerente pudiera eludir su ingreso en prisión preventiva, sino garantizar que haría frente a "la responsabilidad civil" que pudiera tener que afrontar.
En el correspondiente auto judicial, el magistrado indicaba entonces que, de no abonar A.N. la cuantía fijada, se procedería "al embargo de sus bienes", detallando que la fianza podría ser "personal, pignotaria o hipotecaria".
Los hechos que sustentan esta decisión tuvieron su origen en las denuncias de la Diputación bajo el gobierno del PP contra A.N., que el 1 de febrero de 2013 se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citado por el mismo juzgado.
Jose Antonio Alba
Vinculado a la SER desde 1997, cuando comencé mis prácticas en Radio Sevilla. En 2001 me incorporé a...
