Procesan a una treintena de policías locales por presuntos beneficios a Cursach
El juez Enrique Morell ha dado el primer paso para llevarles a juicio por una quincena de delitos
CADENA SER
Palma
El juez Enrique Morell ha dictado un auto para procesar a 36 personas, en su mayoría agentes de la Policía Local de Palma, investigados por favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach. El juez apunta la presunta comisión de una quincena de delitos como cohecho, extorsión, pertenencia a organización criminal o tráfico de influencias entre otros.
La fiscalía tiene ahora que decidir si presenta escrito de acusación o si pide el sobreseimiento del asunto. El juez Morell es el actual instructor del grueso de las piezas del caso Cursach después de que prosperara la recusación contra el magistrado que llevó a cabo la investigación, Manuel Penalva.
En este caso se pretende juzgar a un grupo de agentes de la Policía de Palma por concertarse para beneficiar a Cursach y perjudicar a sus competidores en el mundo del ocio nocturno. También el concurso de ascenso en el cuerpo de policía. Entre los procesados figura el exdirector general de Seguridad Ciudadana del PP, Enrique Calvo y los exjefes de la Policía Municipal Antoni Vera y Joan Mut.
El juez señala que la corrupción policial perjudica a la confianza que los ciudadanos tienen depositada en sus miembros. Una confianza, continúa, que ha sido defraudada por los encausados a los que acusa de hacer conjuntamente un uso torticero del poder, actuando como una organización criminal instalada en el permanente delito.
Sobre el concurso de oposiciones, el juez afirma que el jefe de Policía Antoni Vera transmitió las preguntas del examen para ascender a otros agentes con el objetivo de mejorar en grado a determinados policías. Existía, dice el magistrado, un plan para que los policías que participaban el entramado consiguieran ascender. Todo ello, señala, con el objetivo final de crear una estructura dócil y maleable que les permitiera actuar con total impunidad.
El control de la cúpula policial, dice el juez, a base de la presunta entrega de sobre con dinero, así como el disfrute gratuito de fiestas que incluían alcohol, servicios sexuales y cocaína, explicaría el trato de favor dispensado a determinados grupos empresariales por la Policía Local. Se habrían creado, continúa, claras conexiones directas entre intereses económicos y empresariales en perjuicio de las exigencias de la Ley de lucha contra la corrupción, la justicia o la libertad de mercado.
