Los 13 empresarios acusados por el caso "mafia laboral" ultiman un acuerdo
La fiscalía reclama 30 años de cárcel para cada uno por explotación, fraude a Hacienda y en el fluido eléctrico
CADENA SER
Palma
Los 13 empresarios del caso de la mafia laboral, acusados de fraude a Hacienda y explotación a los trabajadores, comparecerán ante la justicia el 20 de diciembre. La vista previa señalada en la Audiencia Provincial para este viernes se ha suspendido por un error en las notificaciones a los abogados de la Seguridad Social, acusación en el proceso.
El 20 de diciembre se celebrará una nueva vista en la que, según fuentes cercanas al proceso, se sellará un acuerdo entre las partes. La fiscalía acusa a los 13 empresarios, propietarios de decenas de locales de restauración en Palma, de explotar a sus trabajadores, defraudar a Hacienda y pinchar la luz para abaratar la factura. Reclama penas que suman en total 388 años de cárcel y multas que superan los cien millones de euros. Cada empresario se enfrenta a una pena de 30 años de prisión.
El fiscal acusa a los empresarios de crear un entramado de hasta 37 empresas de hostelería que funcionaron entre 2009 y 2015, cuando se vino abajo tras la detención de los procesados.
La acusación sostiene que los implicados alteraban la contabilidad de sus negocios, desde cafeterías y pizzerías hasta heladerías y bares. Lo hacían a través de una contabilidad paralela que reflejaba una situación muy inferior a la real para conseguir una reducción de las cuotas del impuesto de sociedades y del IVA. Los cabecillas del entramado eran dos hermanos, ayudados por un asesor jurídico. Cada empresario se enfrenta a casi 7 millones de euros de multa por el millonario fraude a Hacienda.
Los trece integrantes del entramado también están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores. Por prácticas como realizar contratos por menos horas de las reales, no respetar las jornadas de descanso y aprovecharse de ciudadanos extranjeros en una situación vulnerable para que se vieran obligados a aceptar las condiciones irregulares de trabajo. La fiscalía también calcula que los empresarios defraudaron 131.000 euros mediante conexiones irregulares al tendido eléctrico para rebajar la factura de la luz.
